Por P. Fernando Pascual

En el contexto de las democracias modernas, de vez en cuando aparece la idea de que todas las opiniones son respetables. Incluso se añade que la democracia se basa precisamente en la tesis de que nadie posee ideas verdaderas, sino que todos concurren en la discusión pública en condiciones de igualdad.

No faltan, sin embargo, voces que recuerdan que no todas las opiniones son respetables. Por ejemplo, hay un amplísimo consenso en considerar como opiniones erróneas, incluso perseguibles, las que defienden el racismo, o el uso de la violencia como instrumento de imposición de ciertas ideas.

Un análisis sobre la enorme diversidad de opiniones que existen en la propia sociedad o en el mundo visto como familia humana, nos lleva a reconocer que no todas las opiniones pueden ser vistas como igualmente respetables, y que existen opiniones que dañan la convivencia y promueven comportamientos contra la justicia.

Reconocer lo anterior está unido a una exigencia nada fácil: la que lleva a identificar qué criterios ayudan a distinguir entre opiniones que pueden competir sanamente en la vida social, y opiniones que merecen ser criticadas, censuradas, o incluso perseguidas penalmente.

La historia nos recuerda cómo, a la hora de buscar esos criterios, se ha incurrido en arbitrarismos e, incluso, en injusticias. Basta con pensar cómo sistemas totalitarios (nazismo, comunismo) declararon opiniones y tesis dañinas las de quienes defendían la libertad de los ciudadanos, o la igual dignidad de todos, sin distinciones de tipo social, económico o ideológico.

Hay que añadir que en sistemas considerados como democráticos ha habido y hay comportamientos e intervenciones gubernativas que marginan y excluyen ciertas opiniones consideradas como peligrosas, aunque no siempre se adoptan criterios justos a la hora de establecer por qué esas opiniones deberían ser excluidas de la vida pública.

Reconocer los problemas que existen ante la diversidad de opiniones lleva, por un lado, a considerar como ingenua, incluso como equivocada, la “opinión” según la cual todas las opiniones serían respetables.

Por otro lado, se hace necesaria una reflexión para identificar cuáles opiniones y en qué medida pueden entrar en el debate público, siempre en el respeto de algunos criterios fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a la vida y otros derechos fundamentales, que constituyen el suelo irrenunciable para construir sociedades justas y promotoras de una sana convivencia.

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