“La injusticia, siempre mala, es horrible ejercida contra un desdichado.” Concepción Arenal
Así de directo es el título del Comunicado de los obispos de México que se divulga desde la Ciudad de México este 6 de diciembre del 2021 a propósito de “la situación de las personas migrantes en Tapachula, Chiapas”, una bomba de tiempo que se viene gestando ante la ineficacia absoluta de quienes tienen en este momento recursos y obligación para desactivarla, pero que parecen empeñados en propiciar lo contrario.
Como se estila en estos casos, el texto califica los hechos como de “una dimensión y complejidad alarmantes”, una forma diplomática de decir “ya no se puede más” si nos atenemos a la descripción que de ellos se hace: “Además del hacinamiento, demora en los trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y visa humanitaria, hostigamientos y abusos de parte de autoridades locales y federales, ahora se ha sumado la desesperación y los brotes de violencia de ellos, como respuesta a tantas promesas incumplidas de parte del Gobierno Federal” agravada por “la indiferencia del gobierno estatal y el rol de espectadores de los gobiernos municipales”.
En repudio a la injustificada demora del Gobierno Federal con los migrantes, sigue diciendo el comunicado, se “ha desatado una escalada de inconformidades derivando en bloqueos carreteros y conflictos con la población local” y situaciones impredecibles en Mapastepec y en la carretera costera de Chiapas.
La diócesis de Tapachula, dicen, ha hecho cuanto ha estado a su alcance, pero se haya exangüe y pide al Gobierno de México “crear condiciones dignas para el ejercicio de todos los derechos para todas las personas de acuerdo con la Constitución…”.
El recién estrenado Consejo de la Presidencia de la CEM lamenta el auge de organizaciones criminales de estafadores que lucran con los migrantes no menos que la reactivación del programa “Quédate en México”, porque “viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo” y califica como “valle de indiferencia, dolor y discriminación” la postura de las autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes exhorta “a ejercer con prontitud sus compromisos para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración”.
Ofrecen, además, a las autoridades federales, a través de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana, total disposición al diálogo “a fin de canalizar propuestas efectivas en beneficio de las personas migrantes, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, personas mexicanas deportadas y en situación de desplazamiento forzado interno”, pues si alguna institución ha hecho frente a tan dramáticas circunstancias, es ella.
En su conclusión, el Comunicado honra a los albergues y casas del migrante sostenidos y alentados por la Iglesia Católica en todas las diócesis del país y extiende a ellos su “respeto, agradecimiento, respaldo y profunda admiración, ya que son el rostro y las manos de una Iglesia unida que siempre saldrá al encuentro de quienes más sufren”.
Queda claro que el siguiente paso está en las manos de todos los que cobrando conciencia de esta tragedia inmensa abran su corazón y sus brazos a la cultura de la acogida como dique a la del descarte, que tanto alentó –y sostiene– la de la desigualdad materialista, de tan torvas y hondas raíces en todo el planeta.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 12 de diciembre de 2021 No. 1379
