Del 4 al 20 de febrero de 2022 tendrán lugar los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno, cuya sede será la capital de China.
El gobierno de Pekín —nombre para los hispanoparlantes, alemanes y rusos, y Beijing para los angloparlantes— se enfrenta a cierta incomodidad por un boicot anunciado desde mediados de 2021 por legisladores de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Chequia, Suiza, Suecia, Dinamarca y Lituania.
Sólo diplomático
Sin embargo, todo ha quedado en un simbólico “boicot diplomático”, que significa que los países que lo promueven en realidad sí enviarán a sus deportistas pero no a funcionarios gubernamentales para las diversas ceremonias.
La causa de este inútil boicot es que se acusa al gigante asiático de crímenes contra los derechos humanos de estos tres grupos: la etnia de los uigures, que son musulmanes; los tibetanos, de religión budista, y los hongkoneses, que buscan mantener en su isla la democracia y el derecho a la libertad de expresión.
Se estima que hasta un millón de uigures y otras minorías están amontonados dentro de celdas en campos de concentración —oficialmente “centro de reeducación”—, y que sus mujeres son esterilizadas por la fuerza.
George Weigel, el conocido politólogo católico estadounidense, escribe que el régimen de Xi Jinping —el actual líder del país, que llegó al poder el 14 de marzo de 2013— “está llevando a cabo una brutal campaña de genocidio cultural” y “ha derogado los derechos humanos”. Señala el error del Comité Olímpico Internacional al concederle la sede del encuentro deportivo 2022, pues éste bien conoce “la brutalidad de la China comunista ante el mundo”.
Demasiados atropellos
La lista de atropellos del gobierno de Pekín es tan extensa que no cabe aquí, pero mencionamos algunos muy significativos:
No permite a los esposos decidir el número de hijos. Por décadas permitió sólo uno; desde 2016, dos hijos pagando una multa, y a partir de 2021, tres, también con una multa.
Cada año el gobierno de China asesina en promedio a 13 millones de bebés en el seno materno, al obligar a las madres a abortar a su segundo o tercer hijo.
Desde los años 90, a condenados a muerte se les paraliza para extraerles órganos mientras están vivos, a fin de abastecer la lucrativa industria de trasplantes de corazón, hígado, riñones, etc. Las primeras víctimas fueron miles de miembros de la secta budista Falun Gong.
A partir del 1 de diciembre de 2019, según norma emitida por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, los ciudadanos chinos tienen que someterse a un escaneo de reconocimiento facial para probar sus identidades antes de acceder a internet en sus hogares o teléfonos inteligentes.
El gobierno espía todo lo que el ciudadano hace. Y si, por ejemplo, alguien se queja en Twitter de unos policías por confiscar una motocicleta, será detenido e interrogado en una especie de silla-jaula que le impide cualquier movimiento, como si fuera un peligroso criminal.
TEMA DE LA SEMANA: CHINA: DONDE EL CRISTIANISMO SE HA TOPADO CON UNA GRAN MURALLA
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 30 de enero de 2022 No. 1386
