La democracia mexicana es como una pequeñita de 4 o 5 años: es vulnerable. Las generaciones que tienen menos de 40 años, que representan más del 50% de la población en edad de votar, han crecido en un sistema democrático. Es decir, para uno de cada dos de quienes participarán en la elección presidencial 2024, votar es algo normal. Desconocen, en consecuencia, vivir en un sistema no democrático.
En los primeros 100 años de independencia no hubo democracia. Las sucesiones presidenciales iniciales estuvieron en manos de quienes gobernaban al país. A 25 años de la independencia se perdía la mitad del territorio nacional, de donde se deriva la Constitución de 1857 que intentaba reconocer los derechos electorales de los ciudadanos. Sin embargo, en los siguientes sesenta años dos dictadores ocupan la presidencia: Benito Juárez de 1857 a 1872 y luego Porfirio Díaz, de 1877 a 1911. La revolución se prolonga hasta la segunda década del siglo pasado, deja en la presidencia a militares hasta los años cuarenta. El resultado de la revolución fue la fundación de un partido hegemónico que se mantuvo en el poder desde 1928 hasta el año 2000. El mismo PRI organizaba las elecciones.
La sucesión presidencial se daba con el denominado dedazo, que consistía en que el presidente saliente señalaba a quien lo sucedía. Aparecieron diversos partidos políticos, el primero fue el PAN, es por ello que aparece en primer lugar en la papeleta electoral. Si bien la izquierda también surgió, fue hasta los años ochenta en que expriistas formaron el PRD. Habían pasado más o menos 150 años desde la Independencia para contar con un marco legal y un sistema competitivo de partidos políticos.
En 1990 fue creado el Instituto Federal Electoral (IFE) para poner orden a la célebre caída del sistema de 1988 en manos, por cierto, de quien hoy dirige la CFE. El escándalo fue tal que se hizo inevitable para el PRI crear una institución para organizar las elecciones. Fue hasta 1996 que el presidente Zedillo configuró la estructura de consejeros ciudadanos y desligó por completo al IFE de la presidencia. En las elecciones presidenciales del 2000 por primera vez hubo una alternancia pacífica.
En 2014 se modificó su nombre a Instituto Nacional Electoral (INE) se legisló la consulta popular, candidaturas independientes, reelecciones, procesos y delitos electorales. El presidente actual se ha dado a la tarea de debilitar al árbitro electoral. Evidencias a la vista: un discurso permanente de desprestigio; el intento fracasado de desmantelarlo en 2022; en proceso el Plan B, como él mismo lo ha llamado y ordenar la disminución sistémica de su presupuesto. Para 2023 se redujo en un 33% restándole 4,475 millones de pesos ¿Qué está en juego en estos días? La designación de cuatro consejeros ciudadanos por una comisión integrada por miembros del partido del presidente.
La lección del siglo XX, de un modelo basado en un partido hegemónico, es contundente: la inequidad crónica de la distribución de la riqueza. Queda como ciudadanas y ciudadanos participar y defender la democracia, la herencia social más valiosa para las siguientes generaciones.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 26 de febrero de 2023 No. 1442
