El pasado 16 de diciembre de 2022, en fiestas decembrinas y el 28 de marzo de 2023 en Semana Santa, el presidente López Obrador envió dos iniciativas: la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) y la Ley en materia administrativa de contratos e inversiones privadas, ambas con un objetivo: fortalecer la rectoría del Estado.
La HCTI crea un Consejo como autoridad superior en materia de ciencia integrado por las secretarias del gobierno federal, incluida la SEDENA. El Consejo decidirá qué se investiga y qué no se investiga, asignará directamente becas y posgrados, se elimina el compromiso de alcanzar el 1% del presupuesto federal anual a la investigación, los investigadores incluidos son los que participan en escuelas públicas, excluyendo a las privadas y a investigadores de estas instituciones.
La otra iniciativa plantea cambios en materia de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias, modificación a potenciales indemnizaciones en el caso de expropiación, eliminación o disminución de resarcimiento de daños o perjuicios y la terminación anticipada en todos los contratos. La implicación es que la inversión privada dejaría de existir. ¿Quién en su sano juicio invertiría sin tener protección jurídica y sujeto a las preferencias del gobierno en turno? La iniciativa exige que la federación autorice en qué y en dónde se realicen inversiones. Excluyendo a municipios y estados.
David Hume (1711-1766) expone que, en la inducción, el problema es encontrar el argumento racional para concluir que existen razones sobre la verdad de cualquier asunto. Son las razones las que sustentan decisiones para resolver problemas y con ello, asumir las consecuencias.
En ambos temas, en ciencia e inversión nacional y extranjera, tomó décadas lograr un marco legal que permitiese el desarrollo de la investigación y de la industria con co-inversiones públicas y privadas desarrollando miles de empresas y cientos de investigadores buscando la competitividad. La apertura comercial ha sido la base del progreso de México de 1990 a la fecha. Basta revisar a los estados del Bajío.
Ambas iniciativas dejan en manos de la discrecionalidad del gobernante en turno decisiones fundamentales para el futuro del desarrollo científico y económico de la república. ¿Asumen y comprenden los responsables de estas iniciativas las consecuencias destructivas que traerán al porvenir de nuestra Patria y de nuestras familias?
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 23 de abril de 2023 No. 1450
