Los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron hace unos días otorgar el amparo y protección de la justicia al GIRE para que pueda ejercer de forma plena su objeto social que no es otro sino la promoción y defensa del aborto, así como acompañar legalmente a las mujeres para realizarlo de manera consentida.
Me es imposible determinar la naturaleza jurídica de este fallo que ha sido festejado en muchos lugares del país como un triunfo “progresista” por la despenalización del aborto y como una derrota de la Iglesia Católica y de los defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
En un mensaje inmediatamente después que la Primera Sala hubiera emitido su resolución, los obispos mexicanos ponen el dedo en la llaga: “lamentamos que, en estos momentos de violencia lacerante en el país, desde esta instancia Suprema, que debería velar por la justicia, el derecho y la paz social, se contribuya a polarizar a la sociedad e infringir fracturas en el tejido social”.
Y más adelante: “La violencia y la discriminación no se combaten con más violencia y discriminación”. Y es verdad. Imposible fomentar un clima de paz social cuando no se construyen soluciones “máximamente inclusivas, solidarias y democráticas, sin hacer prevalecer a una persona sobre otra, violencia contra el débil con la permisión de la ley”.
El filósofo español Julián Marías decía que el mayor error del siglo XX había sido la aceptación social del aborto. El siglo XXI se está volviendo una costumbre legal. Los ministros que están detrás de todo esto no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Lo que deshacen son vidas humanas. Valiosas, singulares, únicas.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 17 de septiembre de 2023 No. 1471
