Podría llamarlo pesadilla de cada día. Me refiero a la impunidad y la corrupción en México, que siguen rampantes.
Ciertamente hay impunidad. He allí la captura de regiones enteras por el crimen organizado, a punto de que los obispos de Guerrero negocian con los grupos delincuenciales para conseguir algo de paz. Al parecer, no hay otro modo, pues el Presidente, en vez de perseguir a los mafiosos, les dice a los obispos: adelante, dialoguen (y a los narcos, abrazos).
En muchas regiones del país prospera la extorsión, en especial contra los negocios pequeños. Si en algunas zonas de la Ciudad de México un taco al pastor cuesta cinco pesos, en tendajitos de la frontera, donde vivo, cobran veinticinco. Es porque los extorsionadores exigen el cobro de piso, alrededor de dos mil pesos por semana a cada changarro. Y no es que no existiese la extorsión muy antes. La había por parte de autoridades corruptas. Hoy, sin embargo, se agrava porque, de no pagar, no se pierde sólo el negocio sino incluso la vida. He allí la abundancia de secuestros, desapariciones y asesinatos. La extorsión la practican inclusive contra funcionarios públicos. Si antes éstos cobraban, ahora les cobran.
La corrupción sigue dándose en todas sus vertientes, aun cuando lo nieguen las autoridades. Incluso la más burda prospera, la que atañe a beneficios económicos directos e indebidos: el soborno, la malversación o peculado, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero. La corrupción menos obvia también crece: el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción de la justicia, la extorsión, el chantaje, el nepotismo, clientelismo, favoritismo, la colusión, la simulación, la información falsa, la reserva indebida de información estratégica para agandallar oportunidades.
La corrupción no es exclusiva de entidades públicas, también la cometen empresarios. Por ejemplo, hay colusión cuando éstos acuerdan los precios de sus servicios de tal modo que cuando la entidad pública adjudica contratos siempre acaba pagando sobreprecio a cualquiera de los coludidos. Conozco vivales que son los mismos dueños de distintas empresas que dizque compiten en amañadas cotizaciones. El problema se agrava cuando la entidad pública está también coludida o, sabiendo el ilícito, no lo denuncia o persigue.
La colusión entre empresarios y gobiernos se da, con frecuencia, en los contratos de obra pública. Hay el “moche” en efectivo o en especie que se consigue con el sobreprecio. He allí las casonas que de la noche a la mañana construyen estos funcionarios, si no con burdos billetes, sí con materiales que deberían usarse para obra pública.
Son muy comunes todavía la venta de plazas, o el cobro por la permanencia en ellas, o los ascensos. Son cuotas que se disfrazan de contribución a alguna causa patriótica, o sin disfraz, para financiar alguna campaña política o el palacete del jefe.
Abunda el uso del efectivo, o “cash”. Si se gestiona formalmente una obra pública ante una autoridad, suelen hacer caso omiso; cara a cara, como si fuera un gesto de benevolencia, la autoridad le entrega algún dinero a quien gestiona, para alegrarlo y practicar el clientelismo. El problema es que el egreso no se reporta, no hay rendición de cuentas. Es más, sin asociarlo a ningún ingreso lícito, cabe pensar que el dinero es de procedencia delictiva, muy posiblemente del crimen organizado con el cual el “benevolente” se colude.
En el sexenio pasado había triangulación de contratos falsos, por ejemplo, a través de algunas universidades tramposas. Hoy abundan los contratistas o beneficiarios fantasmas. El dinero va directo al bolsillo del funcionario corrupto. No podemos quejarnos porque no hay transparencia, menos aun cuando se esgrime que ocultar las cuentas dizque responde a la seguridad nacional.
Entre las soluciones, debemos insistir en la transparencia, aun de modo radical. En Noruega, cualquier hijo de vecino puede consultar en línea las cuentas de todos los contribuyentes para revisar si no cometen ilícitos. En Finlandia, se multa a los defraudadores según el monto de sus ingresos.
