Por P. Fernando Pascual
Las leyes pueden ser buenas o malas. Por eso cualquier ser humano puede criticar las leyes malas y alabar las buenas.
Si una ley promueve el despido libre e injustificado, ha de ser criticada, aunque tenga el apoyo de una mayoría en el parlamento.
Si otra ley permite que sean eliminados los hijos antes de nacer, merece ser denunciada como permisión legal de un crimen, aunque tal ley haya sido confirmada en un referéndum popular.
Sorprende que algunos particulares, medios de comunicación, políticos, e incluso gobiernos, protesten con energía cuando alguien critica las leyes establecidas.
La crítica a leyes consideradas como injustas no solo es un derecho básico asociado a la sana libertad de expresión, sino una necesidad de cualquier persona que ame la justicia.
Atacar a quienes critican leyes como si fueran irrespetuosos o contrarios a la democracia es una clara señal de espíritu antidemocrático, pues toda democracia se construye precisamente desde el presupuesto de que existen diferentes puntos de vista que pueden competir en el espacio público.
Si un Papa, como ha ocurrido, denuncia la gravedad del aborto y llama a los médicos que lo cometen con el nombre de sicarios, está simplemente manifestando la condena que merece todo aborto como grave injusticia contra una vida humana inocente.
Por desgracia, algunas personas que se autoconsideran demócratas actúan con dureza contra quienes se oponen a leyes injustas. De esta manera, se muestra no solo que están a favor de la injusticia, sino que también tienen una actitud antidemocrática.
Todos los que defienden la justicia, especialmente la que tutela la vida y la integridad de cada ser humano, criticarán firmemente aquellas leyes que vayan contra los derechos de inocentes.
Sus denuncias tienen plena legitimidad en el espacio público, porque sirven para promover acciones concretas que supriman aquellas leyes que van contra derechos humanos fundamentales, y para avanzar hacia mejores leyes, basadas en el respeto hacia la vida y la salud de todos.