La infancia y la adolescencia en México siguen siendo interrumpidas por la práctica de los matrimonios infantiles que, aunque están totalmente prohibidos, aún ocurren. Un matrimonio antes de los 18 años es ilegal en nuestro país, sin embargo, en algunas comunidades indígenas continúa practicándose al dar a las hijas en matrimonio como un arreglo entre los padres a cambio de una dote.
De acuerdo con cifras oficiales, el 3% de las mujeres, entre los 20 y 24 años en zonas urbanas, establecieron una unión matrimonial antes de los 15 años, dato que se duplica en las zonas rurales y que alcanza un 8% en las zonas donde predominan las costumbres, tradiciones y lenguas indígenas. En el censo del INEGI de 2022, las entidades que mayor porcentaje obtuvieron en matrimonio de menores de edad fueron Durango y Chihuahua, seguidas de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco. Organismos internacionales como la UNESCO han advertido que un matrimonio forzado expone a las niñas mexicanas a la violencia y el abuso sexual.
EL PANORAMA
La Organización de las Naciones Unidas expone la situación de los matrimonios infantiles en México, al señalar a los Estados de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora como los lugares en donde los códigos civiles y los códigos familiares aceptan excepciones a la prohibición del matrimonio infantil, mientras que Chihuahua se corona como el Estado donde se establece que una menor de edad puede contraer matrimonio legalmente.
Del otro lado la realidad sigue siendo cruda, puesto que en seis municipios del estado de Guerrero la venta de niñas en comunidades rurales continúa siendo una práctica común. Se estima que una niña es vendida y dada en matrimonio por cantidades entre los 50 mil a los 250 mil pesos mexicanos. Los padres de estas niñas, que tienen entre los 10 y 14 años, son personas mayores de edad. La pobreza y la exclusión son factores detonantes para que día a día sigan efectuándose los matrimonios infantiles.
ARRAIGO CULTURAL
La falta de oportunidades y desarrollo económico propician escenarios para los matrimonios infantiles. Las niñas entregadas al matrimonio tienen como deberes los cuidados del hogar, no obstante, este fenómeno tiene un arraigo cultural, puesto que el matrimonio infantil se refiere a uniones arregladas y forzadas relacionadas con pautas ancestrales en la historia y las tradiciones de las comunidades.
La quinta parte de las mujeres mexicanas, es decir, un 21%, se unen y viven en pareja antes de los 18 años. Este tipo de matrimonios está prohibido en las 32 entidades del país y para ello se han aprobado las reformas al Código Civil para la protección de los derechos humanos de las personas menores de edad. En la sierra de Soteapan, Veracruz, las niñas son entregadas en matrimonio con hombres que incluso no hablan su dialecto, y se convierten en madres de familia antes de los 15 años. Las familias de esas comunidades desean que la tradición continúe y las personas mayores de edad dan consejos a los nuevos matrimonios y, en muchas ocasiones, el concubinato es la forma más aceptada para ellos.
OMISIÓN Y COMPLICIDAD
Las autoridades locales de municipios de Guerrero como Cochoapa el Grande e Igualapa, son testigos de este tipo de arreglos matrimoniales, y su comportamiento es omiso e incluso de complicidad, según algunos activistas.
Bajo la creencia de que “es una costumbre”, las comunidades y las autoridades han hecho a un lado los derechos de las niñas y las adolescentes. Para las comunidades indígenas continúa siendo un fenómeno normalizado, colocando a México como el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil en el mundo. Pueblos en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México y Puebla establecen el matrimonio infantil para resolver conflictos familiares, afinidades comunitarias e intereses económicos. Es un fenómeno que no se ha visibilizado porque entra en el marco de las tradiciones y costumbres, y algunas de estas son parte de la preservación cultural, por lo que no aceptan que sea un problema de violencia contra las niñas.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 27 de octubre de 2024 No. 1529
