Por Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas
A la luz de la reciente modificación al párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Chiapas, me dirijo con firmeza y claridad a los creyentes, a las autoridades civiles y a toda la sociedad chiapaneca.
Sabemos bien, que la dignidad de la persona humana no es otorgada por el Estado, sino que le es inherente, por ser creada a imagen y semejanza de Dios (Gn 1,27). Este principio es inalienable, irrenunciable y anterior a cualquier ordenamiento jurídico. Por ello, toda ley debe respetar y promover esta dignidad, especialmente en su expresión más vulnerable: la vida humana en sus etapas iniciales y finales.
La doctrina de la Iglesia sostiene que la vida humana comienza en el momento de la concepción y debe ser protegida hasta su término natural, lo que se sustenta no solo desde la fe, sino también desde la razón y la ciencia experimental, por ello, afirmamos que el embrión no es un “potencial humano”, sino una persona humana en un desarrollo continuo e ininterrumpido desde que la célula masculina: el espermatozoide, se une con la célula femenina: el óvulo, y dan lugar al cigoto: una nueva persona humana portadora de una dignidad inviolable y titular de derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida.
La reciente modificación constitucional, que abre la posibilidad de vulnerar este derecho, representa una grave contradicción ética y jurídica.
Pretender fundamentar derechos humanos mientras se niega el derecho primario a la vida constituye una incoherencia que deslegitima el orden normativo.
El Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos sus ciudadanos, especialmente a los más indefensos. En lugar de legislar en favor de prácticas que atenten contra la vida humana, debe implementar políticas públicas que apoyen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, brinden acompañamiento integral y promuevan una cultura de la vida y de la solidaridad.
No podemos callar frente a una legislación que, bajo el pretexto de garantizar “derechos reproductivos”, ignora los derechos del ser humano más frágil. Legislar a favor de la muerte, es contraria a todo bienestar de la persona, por ello debe ser rechazada, aunque esté legislada, como lo señala el Concilio Vaticano II, “Lo que es legal no siempre es moral” (GS, 27).
Desde esta Arquidiócesis de Tuxtla, reafirmamos el compromiso irrenunciable de defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Hacemos un llamado a las autoridades civiles a reconocer que toda vida humana es digna de ser protegida, sin excepciones ni condiciones. Invitamos a todos los fieles a ser promotores de una cultura de la vida, mediante el testimonio, la oración y la acción concreta en favor de quienes más lo necesitan.
A los legisladores responsables de esta modificación, les recordamos que sus decisiones tienen repercusiones no solo legales, sino también éticas y espirituales. Les invito a reflexionar profundamente sobre la responsabilidad que han asumido y a considerar el daño que esta ley puede causar al tejido moral de nuestra sociedad.
El Señor Jesús nos recuerda que lo que hagamos a los más pequeños, a Él se lo hacemos (Mt 25, 40). Por ello, exhortamos a los fieles a mantenernos firmes en la defensa de la vida, no dejarnos llevar por normas permisivas, degradantes y asesinas, recordando que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier oscuridad. Nuestra misión no es solo proteger la vida humana, sino también anunciar el Evangelio del amor, que es capaz de transformar los corazones y construir una sociedad justa y solidaria.
Que la Virgen de Guadalupe, Madre de la Vida, interceda por nosotros y por Chiapas, para que sigamos siendo un pueblo que defienda la dignidad humana y promueva la paz.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 1 de diciembre de 2024 No. 1534
