Por Felipe Monroy – VC Noticias
En su tradicional artículo editorial semanal, el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, ha denunciado sin eufemismos la «esclavitud» de la ciudadanía mexicana en varias partes del país debido a que el gobierno «ha cedido» el control territorial a grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
Relata que en varias localidades se vive una falsa paz derivada del sometimiento de la población, la cual está forzada a pagar «derecho de piso» a los criminales regionales; de esta forma, acusa que se vive una «esclavitud generalizada».
El cardenal recupera el planteamiento hecho por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) un par de semanas atrás en donde acusaron una violencia sistémica y denunciaron que «ninguno de los dirigentes que gobierna este país ha logrado erradicar este mal», mientras el crimen organizado extiende sus tentáculos con extorsiones sistemáticas y el derramamiento de «sangre inocente».
Arizmendi Esquivel describe en su texto lo que percibe en su pueblo natal, al sur del Estado de México, donde reina una calma ficticia: «Todo mundo paga derecho de piso a la delincuencia», afirma. Este tributo obligatorio compra una paz precaria, una falsa tranquilidad que oculta la dominación y el sometimiento del pueblo.
El obispo emérito también relata la situación que vivió en Chiapas donde la crudeza del conflicto se experimenta por la disputa de territorio entre diversos cárteles, no solo para el tráfico de drogas, sino para extorsionar a chiapanecos y migrantes. A estos últimos, dice: «les cobran miles de dólares para pasar adelante; y si sus familias no depositan la cantidad que imponen, los torturan, los obligan a enrolarse, o los eliminan».
Este panorama ya había sido denunciado también por los obispos mexicanos. Los jerarcas católicos acusaron al gobierno mexicano de una claudicación histórica: «El Estado, que en muchos lugares ha cedido el control territorial a grupos delictivos, no logra recuperarlos… Vivimos tiempos difíciles, la violencia se ha vuelto cotidiana». Después de ese mensaje, los obispos fueron convocados por la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre las percepciones y los trabajos institucionales contra la violencia y el crimen; ninguna de las instancias divulgó los resultados del diálogo.
La Iglesia, sin embargo, continúa señalando la incapacidad del gobierno de proteger a la población: «Las extorsiones se han vuelto sistemáticas para pequeños y medianos empresarios, para agricultores y transportistas, incluso para las familias humildes, obligados todos a pagar ‘cuotas’ a los criminales bajo amenazas de muerte».
Con todo, Felipe Arizmendi sí reconoce un cambio de estrategia en las autoridades federales con el sexenio de Claudia Sheinbaum y aplaude el abandono de la política de «abrazos, no balazos» del sexenio de Andrés Manuel López Obrador «que tanto daño nos ha causado… aunque no lo quieran decir explícitamente, por no incomodar a su jefe». Sin embargo, subraya que la acción gubernamental aún es insuficiente frente a un poder criminal que opera con impunidad.
Arizmendi concluyó su reflexión con una nueva exhortación a las autoridades para que «defiendan en verdad al pueblo» y hace un llamado a la sociedad a la oración, la educación en derechos y la solidaridad con las víctimas.
