Cerca de 50,000 personas cruzaron desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta en apenas 24 horas. Más de 48,000 ya han regresado, pero la crisis ha dejado al menos 67 muertos, saturado los recursos de acogida y provocado una disputa en la Unión Europea. Monseñor Xabier Gómez advierte que ningún Estado, mafia o partido político puede utilizar a los migrantes como instrumentos de presión.
Por Ana Paula Morales (Poli)
Llegaron caminando por el espigón fronterizo, corriendo entre la multitud o lanzándose al mar. Algunos utilizaron flotadores, aletas y objetos improvisados; otros intentaron alcanzar la costa española únicamente con la fuerza de sus brazos.
En apenas 24 horas, alrededor de 50,000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos hacia Ceuta, la ciudad española situada en el norte de África. La mayoría eran jóvenes marroquíes, aunque también había ciudadanos argelinos, personas procedentes del África subsahariana y menores de edad.
El movimiento masivo desbordó una ciudad de aproximadamente 85,000 habitantes, obligó a cerrar comercios, saturó los recursos de acogida y desplegó en las calles a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y unidades del Ejército.
El balance provisional es especialmente grave: al menos 67 personas murieron ahogadas o aplastadas durante los intentos de entrada. Más de 48,000 de quienes cruzaron ya han regresado a Marruecos, según el Gobierno español, aunque las autoridades ceutíes advierten que la ciudad todavía no ha recuperado completamente la normalidad.
La magnitud y rapidez de lo ocurrido han abierto una pregunta difícil de responder: ¿se trató exclusivamente de un desplazamiento espontáneo de miles de jóvenes o existió también una utilización política de la migración para presionar a España y a la Unión Europea?
Para monseñor Xabier Gómez García, obispo de Sant Feliu de Llobregat y ex director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, el primer nombre que debe darse a lo sucedido es el de un drama humano.
“La Iglesia lee esta situación con todos los nombres posibles. El primero es lamentar un drama humano, porque se han perdido en el mar muchas vidas y esto es algo intolerable”, afirma en entrevista con El Observador de la Actualidad.
El prelado recuerda que quienes se lanzaron al agua responden a perfiles, países y motivaciones diferentes, pero están unidos por la desesperación y por la búsqueda de una oportunidad que no encuentran en sus lugares de origen.
Al mismo tiempo, pide solidarizarse con la población de Ceuta y Melilla, cuyos habitantes “tienen derecho a vivir sin sobresaltos, con seguridad y en una relación de buena vecindad con sus vecinos al otro lado de la frontera”.
Una crisis que llevaba días creciendo
La presión sobre Ceuta había aumentado durante la segunda mitad de julio. Antes de la entrada masiva, más de 800 migrantes marroquíes y argelinos intentaron alcanzar la ciudad a nado en una sola jornada.
Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Guardia Civil rescataron a centenares de personas. Dos cuerpos fueron encontrados en el mar, elevando entonces a 29 el número de migrantes fallecidos en las costas ceutíes desde el comienzo del año.
Entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, las entradas terrestres y a nado en Ceuta y Melilla habían crecido un 140% respecto al mismo periodo del año anterior. Ceuta concentraba 2,826 llegadas, un aumento cercano al 150%.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes —CETI—, con capacidad para poco más de 500 personas, ya se encontraba lleno. Tras la crisis, más de 500 migrantes permanecían acampados en sus alrededores, mientras el recinto solo admitía a mujeres y niñas por razones humanitarias.
La situación cambió de dimensión el jueves 30 de julio, cuando miles de personas atravesaron simultáneamente el paso fronterizo del Tarajal. En las horas siguientes, la columna que avanzaba desde la localidad marroquí de Fnideq —Castillejos— llegó a extenderse durante varios kilómetros.
El Gobierno español reconoció posteriormente que no había anticipado la magnitud de la entrada. El Ministerio del Interior calculó que alrededor de 49,000 personas alcanzaron Ceuta en un solo día.
“¿A quién beneficia?”
Monseñor Gómez evita formular acusaciones sin pruebas, pero considera difícil explicar un movimiento simultáneo de tal magnitud únicamente como la suma de decisiones individuales.
“Atendiendo a lecturas de acontecimientos del pasado y al análisis que están ofreciendo expertos en geopolítica, hay bastante consenso en señalar una dimensión política y diplomática evidente, porque movimientos de esta magnitud en un país como Marruecos no se explican solo por decisiones individuales”, señala.
Ante un desplazamiento tan numeroso hacia una de las fronteras más vigiladas de Europa, el obispo propone formular varias preguntas: “¿A quién beneficia? ¿Quién gana políticamente con este desbordamiento? ¿Quién lo utiliza como advertencia, como mensaje, como presión o como ocasión para obtener rédito electoral?”.
A su juicio, la situación puede interpretarse como un intento de tensar las relaciones entre España y Marruecos, con la Unión Europea como telón de fondo. Sin embargo, corresponde a los gobiernos y a la diplomacia investigar los hechos, establecer responsabilidades y presentar pruebas.
La posición moral de la Iglesia, sostiene, sí es inequívoca: “Las personas concretas no pueden ser convertidas en instrumentos de presión, ni por los Estados, ni por las mafias, ni por quienes en Europa utilizan su sufrimiento para alimentar miedo y polarización”.
Si se demostrara que personas vulnerables fueron movilizadas o utilizadas para alcanzar objetivos políticos, “sería algo moralmente inaceptable, venga de donde venga”.
El Gobierno habla de ataque, pero mantiene su alianza con Marruecos
El presidente Pedro Sánchez calificó la entrada masiva como un “ataque” y una “violación de la integridad territorial de España”. El Ejecutivo anunció que estudiará modificaciones legales para facilitar las repatriaciones en frontera y reforzó el dispositivo de seguridad en Ceuta.
España también instaló una barrera flotante de aproximadamente 500 metros en el espigón del Tarajal para dificultar nuevos cruces por mar.
No obstante, el Gobierno evitó responsabilizar directamente a Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que Rabat había colaborado para restablecer el control fronterizo y sostuvo que la situación se había “revertido en 24 horas”.
Las estimaciones oficiales sitúan entre 48,000 y 53,000 el número de personas que regresaron a territorio marroquí. El conteo de los retornos es más preciso que el de las entradas, debido a la diversidad de puntos por los que los migrantes accedieron a la ciudad.
Miles decidieron regresar ante el cierre de comercios, la falta de alojamiento y alimentos, la presencia de las fuerzas de seguridad y el anuncio de un acuerdo de repatriación entre España y Marruecos.
Seguridad sin criminalización
La entrada masiva provocó miedo entre los habitantes de Ceuta. Durante horas circularon en redes sociales imágenes, advertencias y rumores sobre saqueos, violencia y la posible llegada de antiguos reclusos o personas con antecedentes penales.
Monseñor Gómez reconoce que la seguridad es una preocupación legítima. “Todos los ciudadanos, también las familias de Ceuta o Melilla, tienen derecho a vivir en paz, a una convivencia social sin violencia, sin saqueos, sin caos y sin sensación de abandono”, sostiene.
Sin embargo, advierte que una preocupación legítima puede ser manipulada cuando se convierte en una acusación general contra un colectivo. Si existen indicios de que entre quienes cruzaron hay personas con antecedentes, deberán verificarse individualmente, mediante procedimientos legales, datos contrastados y una aplicación proporcional de la justicia.
“Lo que no podemos aceptar es que rumores, imágenes descontextualizadas o testimonios no comprobados se conviertan en una acusación colectiva contra miles de personas. La justicia mira hechos y responsabilidades personales; la xenofobia convierte a un grupo entero en culpable”.
La Iglesia, explica, no niega el derecho de los Estados a garantizar la seguridad. Lo que rechaza es que la seguridad sea utilizada “como coartada para negar la humanidad del otro”.
¿Dónde está el equilibrio?
Para el responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, el equilibrio entre el control de las fronteras y el respeto a los derechos humanos se encuentra en la legalidad, la proporcionalidad y la dignidad humana.
“La Iglesia reconoce el derecho y el deber de los Estados de controlar sus fronteras y ordenar los flujos migratorios. Sin Estado de derecho no hay protección real para nadie, tampoco para los migrantes. Pero ese control no puede suspender los derechos fundamentales ni convertir la frontera en un espacio sin ley”.
En situaciones extraordinarias pueden establecerse procedimientos acelerados. Sin embargo, deben mantenerse garantías como la identificación individual, la asistencia letrada, el acceso a un intérprete, la información sobre derechos, la atención sanitaria y la evaluación de posibles necesidades de protección internacional.
También debe determinarse si entre quienes llegan existen menores, víctimas de trata, refugiados u otras personas especialmente vulnerables.
“Proteger las fronteras, proteger a los ciudadanos, atender a quienes llegan, identificar situaciones de vulnerabilidad, escuchar solicitudes de asilo y actuar contra las redes criminales no son obligaciones contradictorias. Son partes de una misma política migratoria seria”.
Una acogida desbordada perjudica a todos
Monseñor Gómez reconoce también los límites reales de la acogida. Cuando las capacidades de una ciudad son rebasadas, los daños afectan tanto a quienes llegan como a la población que los recibe.
Los migrantes pueden terminar en la calle, sin alimentos, información, asistencia médica ni protección frente a abusos. Los ciudadanos, por su parte, pueden experimentar miedo, alteraciones de su vida cotidiana y sensación de abandono por parte de las administraciones.
“Reconocer esto no es xenofobia; es realismo social y pastoral”, afirma.
España necesita, a juicio del obispo, planes de contingencia para sus fronteras más sensibles, protocolos específicos para menores, recursos dignos de acogida, traslados ágiles de personas vulnerables y una distribución solidaria entre las distintas comunidades autónomas.
También pide una cooperación efectiva entre el Estado, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, la Iglesia y las entidades sociales, así como políticas de integración laboral, educativa, lingüística y comunitaria.
El Gobierno español acaba de poner en marcha un Plan de Integración y Ciudadanía dotado con más de 500 millones de euros durante su primer año. El programa pretende gestionar la migración de forma “justa, ordenada e inteligente” y reforzar los servicios públicos, la formación, el empleo y la convivencia.
Schengen, otro frente de la crisis
La entrada en Ceuta abrió también una disputa dentro de la Unión Europea.
Italia anunció el restablecimiento temporal, durante un mes, de controles selectivos en aeropuertos y puertos para los viajeros no comunitarios procedentes de España. La medida no impide viajar a los ciudadanos españoles o de otros países de la Unión Europea, pero supone revisar la documentación de determinados pasajeros que lleguen desde territorio español.
El espacio Schengen está formado por 29 países europeos y permite viajar entre ellos sin controles sistemáticos en las fronteras interiores. Las normas europeas autorizan a un Estado a restablecer temporalmente dichos controles cuando existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional, pero la medida debe ser excepcional, necesaria, proporcional y limitada en el tiempo.
Italia fue el país que adoptó formalmente los controles relacionados con Ceuta. Dinamarca respaldó la posibilidad de excluir temporalmente a España del sistema, mientras otros gobiernos reclamaron mayor firmeza contra la migración irregular y criticaron el proceso español de regularización.
Un grupo de gobiernos europeos solicitó una reunión urgente para analizar la crisis y advirtió que las regularizaciones pueden ser percibidas como un “factor de atracción”.
Pedro Sánchez rechazó las peticiones de excluir temporalmente a España de Schengen y calificó algunas reacciones como “egoístas, polarizadoras e ilegales”. Solicitó una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea para reafirmar que la seguridad de las fronteras exteriores es una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros.
El Gobierno español recordó que Ceuta y Melilla tienen un régimen fronterizo especial. Una persona que entra irregularmente en estas ciudades no puede trasladarse automáticamente a la península ni circular libremente por Europa sin la documentación correspondiente.
Monseñor Gómez considera que algunas de las reacciones europeas están más condicionadas por los intereses electorales internos que por su verdadera eficacia.
“Cuando se apela al tratado de Schengen ya sabemos que Ceuta y Melilla disponen de cláusulas especiales y que no se puede salir de ambas ciudades sin tener los papeles en regla. Por tanto, hay más demagogia que otra cosa”, sostiene.
La Comisión Europea, por su parte, aseguró que sigue de cerca la situación y ofreció a España mayor apoyo financiero, técnico y operativo, incluso mediante Frontex. Bruselas también mantiene contacto con Marruecos para prevenir nuevos desplazamientos peligrosos.
El derecho a no tener que emigrar
Para monseñor Gómez, la respuesta a la crisis no puede limitarse a colocar barreras, reforzar patrullas o acelerar las devoluciones.
El derecho a migrar legalmente y con seguridad debe estar acompañado por el derecho a no tener que abandonar la propia tierra.
“Nadie debería verse obligado a lanzarse al mar porque no encuentra trabajo, futuro o dignidad en su propio país”, señala.
Muchos de los jóvenes que intentaron alcanzar Ceuta explicaron que buscaban trabajo, una vida mejor y un futuro. Otros habrían actuado después de recibir mensajes, rumores y videos difundidos en redes sociales.
“Cuando un joven dice ‘no hay trabajo’ no está formulando una teoría política: está expresando una fractura social”.
La cooperación internacional, añade, debe abordar también la corrupción, el comercio de armas, el extractivismo y la falta de oportunidades que afectan a numerosos países africanos, en algunos casos con la participación o connivencia de intereses políticos y económicos europeos.
“El mejor control migratorio es que nadie tenga que huir de la falta de futuro”.
“No son números ni expedientes”
A quienes llegaron a Ceuta, la Iglesia les recuerda que su dignidad no depende de un pasaporte. Pero también les pide no entregar su vida a traficantes ni confiar en quienes prometen caminos fáciles y seguros hacia Europa.
A los habitantes de Ceuta, monseñor Gómez les asegura que sus miedos deben ser escuchados y atendidos. Sin embargo, advierte que esos temores no pueden transformarse en odio o rechazo hacia toda persona extranjera.
“Por eso, la Iglesia dice a unos y a otros: no nos dejemos convertir en enemigos”.
“No dejemos que el dolor de quienes llegan sea utilizado por mafias, poderes políticos o intereses geoestratégicos. No dejemos tampoco que la preocupación legítima de los vecinos sea explotada por discursos populistas que necesitan fabricar amenazas”.
Ceuta intenta ahora recuperar la normalidad. Las fuerzas de seguridad permanecen desplegadas, el CETI continúa saturado y todavía hay migrantes en las calles o esperando una oportunidad para acceder a los recursos de acogida.
Más allá de las cifras, las barreras y las acusaciones diplomáticas, queda una realidad que interpela a Europa: decenas de miles de jóvenes estuvieron dispuestos a arriesgar la vida para cruzar unos metros de agua.
Y ninguna política migratoria podrá considerarse verdaderamente eficaz mientras el mar siga pareciendo, para tantas personas, la única puerta posible hacia el futuro.
Fuentes consultadas
- Entrevista escrita con monseñor Xabier Gómez García.
- Ministerio del Interior y Presidencia del Gobierno de España.
- EFE, Reuters, RTVE, El País, Comisión Europea y Frontex.
- Cifras provisionales actualizadas al 1 de agosto de 2026.
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