El obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas denuncia que la extorsión encarece hasta las tortillas, confirma casos de familias obligadas a huir y pide al Estado recuperar los territorios controlados por grupos criminales: “Si hay que huir, hay que huir, porque primero está la vida”.
Por Ana Paula Morales (Poli)
En algunas comunidades de México, el crimen organizado no solo controla territorios: decide qué bandas pueden tocar durante las fiestas patronales, quién vende bebidas alcohólicas, cuánto deben pagar comerciantes y productores e incluso condiciona los horarios en que los fieles pueden acudir a Misa.
El Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, advirtió en entrevista con Press Crux que existen pueblos y municipios donde los grupos criminales ejercen, en los hechos, la autoridad.
“Hay pueblos y municipios donde son ellos los que mandan”, afirmó.
El purpurado aseguró que no se trata de una situación aislada. Actualmente conoce de manera más directa lo que ocurre en el sur del Estado de México, pero, al reunirse con personas procedentes de otras regiones, escucha testimonios semejantes.
“No lo puedo decir solamente de una región. Aquí, en toda la parte sur del Estado de México, es lo que estoy conociendo ahora; pero cuando me reúno con personas de otros lugares, me dicen que por todas partes hay lo mismo”, explicó.
Cuando el crimen decide hasta las fiestas patronales
Arizmendi señaló que la presencia del crimen organizado no afecta de la misma manera a todas las comunidades. En algunos lugares, las celebraciones litúrgicas pueden continuar con relativa normalidad, pero las actividades relacionadas con las fiestas patronales quedan sometidas a la voluntad de los grupos criminales.
“Son los líderes del crimen organizado quienes autorizan qué bandas musicales pueden tocar, qué grupos pueden llegar para hacer los jaripeos; ellos organizan las cervezas y las bebidas embriagantes, que son su negocio exclusivo. Nadie puede vender esto fuera de ellos”, relató.
“En una palabra, nada de lo externo al templo puede realizarse sin contar con su autorización”, añadió.
En otras ciudades, la inseguridad también ha obligado a modificar los horarios de las celebraciones religiosas. El Cardenal recordó que algunos templos de Monterrey ofrecían anteriormente la última Misa dominical a las once de la noche, pero tuvieron que adelantarla debido al peligro que enfrentaban los fieles al desplazarse.
Así, la violencia modifica silenciosamente la vida comunitaria: limita la movilidad, reduce las reuniones nocturnas y obliga a sacerdotes, familias y agentes pastorales a adaptar sus actividades para no exponerse.
La extorsión que termina pagando el pobre
Una de las consecuencias más graves es el impacto económico de la extorsión. Los grupos criminales cobran cuotas a productores, agricultores, comerciantes, transportistas y pequeños negocios. Ese costo termina incorporándose al precio de los alimentos y productos básicos.
“Los agricultores y los campesinos aumentan los precios, y todos los que venden aumentan los precios. Los que más sufren son los pobres”, explicó Arizmendi.
“Por ejemplo, las tortillas cuestan más porque las tortillerías tienen que pagar extorsión”, señaló.
El testimonio del Cardenal coincide con el crecimiento documentado de este delito. De acuerdo con Reuters, durante el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas de extorsión en México, un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.
La agencia informó que la extorsión fue el único delito que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció no haber logrado reducir durante su primer año de gobierno. Sin embargo, las cifras oficiales muestran solo una pequeña parte del problema: se estimaba que el 96.7% de estos delitos no era denunciado, principalmente por la desconfianza en las autoridades y el temor a represalias.
El dominio de los grupos criminales tampoco se limita al tráfico de drogas. Reuters ha documentado que los cárteles controlan amplias zonas fronterizas y rutas migratorias, donde exigen pagos para permitir el paso y secuestran personas para obtener rescates.
En distintas regiones del país, ese poder se extiende a la producción agrícola, el comercio, el transporte y otras actividades económicas. Se configura así una especie de sistema tributario criminal que empobrece a las comunidades mientras fortalece a quienes las amenazan.
Familias obligadas a abandonar sus hogares
Arizmendi confirmó que ha conocido casos de personas obligadas a abandonar sus comunidades para proteger su vida. Aunque no ha recibido denuncias formales —pues corresponde a las autoridades civiles atenderlas—, sí ha escuchado numerosos testimonios.
“Conozco algunos casos que han tenido que salir para ya no ser amenazados y para no exponerse”, aseguró.
El Cardenal reconoció que no conoce un protocolo eclesial específico para atender estos casos. En la práctica, los sacerdotes y responsables pastorales escuchan a las víctimas, buscan ayudarlas dentro de sus posibilidades y, cuando existen condiciones para hacerlo, intentan intervenir ante quienes las amenazan.
“Tratamos de ayudar lo más que sea posible y, donde se puede hablar con algunos líderes, exponer el caso y la situación para defender a las personas”, explicó.
La magnitud del desplazamiento provocado por la violencia continúa siendo difícil de calcular debido al subregistro y al miedo de las víctimas. El proyecto independiente Desplazamiento Interno en México documentó durante 2025 al menos 15,700 personas desplazadas en 73 episodios registrados en 11 entidades federativas.
El monitoreo recoge testimonios de municipios tomados por el crimen organizado, viviendas abandonadas y posteriormente convertidas en casas de seguridad, así como familias que huyeron después de recibir amenazas o sufrir el asesinato de alguno de sus integrantes.
Por su parte, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha señalado que México enfrenta desplazamientos internos ocasionados por la violencia entre grupos del crimen organizado y por conflictos territoriales en al menos 13 estados.
En 2025, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos presentó un informe dedicado al desplazamiento provocado por la delincuencia organizada, en el que advirtió que las personas expulsadas por estos grupos suelen permanecer invisibles y sin protección suficiente. El miedo, la infiltración criminal y la desconfianza en las autoridades dificultan que las víctimas denuncien y accedan a la justicia.
“Si uno denuncia, se expone todavía más”
El Cardenal explicó que aconsejar a una familia amenazada no es sencillo. Aunque denunciar debería ser el camino ordinario, en algunas regiones acudir ante las autoridades puede incrementar el riesgo.
“Si pueden denunciar, que denuncien; pero a veces no conviene denunciar, porque los grupos criminales tienen contactos en todas partes. Entonces, si uno denuncia, se expone todavía más ante ellos”, afirmó.
La declaración no constituye una invitación general a guardar silencio, sino el reconocimiento de una realidad dolorosa: existen comunidades donde las víctimas no encuentran condiciones mínimas de seguridad para acudir ante las autoridades.
Por ello, el acompañamiento pastoral debe ejercerse con prudencia. Arizmendi indicó que, en algunos casos, ha sido necesario trasladar a sacerdotes amenazados.
“Además de la oración, de la prudencia pastoral, del acompañamiento fraterno y de la solidaridad entre nosotros, hay que urgir al gobierno local para que resuelva los problemas de fondo con los medios propios de la autoridad civil”, dijo.
“En algunos casos ha sido necesario cambiar de lugar a un párroco para protegerlo, cuando no hay otro remedio. Tampoco podemos ser ingenuos ni irresponsables”, añadió.
El encuentro con un líder criminal
El Cardenal relató que él mismo buscó reunirse con el líder de un grupo criminal para invitarlo a abandonar la violencia. Por razones de seguridad, no reveló su nombre ni el lugar donde ocurrió el encuentro.
Había coincidido anteriormente con él y ambos se saludaban con respeto. Después de insistir en varias ocasiones, el hombre finalmente lo recibió en su casa. Conversaron durante aproximadamente media hora.
“Mi intención siempre fue invitarlo a dejar esa vida, por el bien de él mismo y de su familia. Me escuchó, pero claramente me dijo que no podía cambiar de vida”, recordó.
Arizmendi considera que el hombre se encontraba atado tanto por sus intereses económicos como por su relación con otros integrantes del grupo, pues abandonar esa estructura podría costarle la vida.
“Sigue haciendo lo mismo. Su principal actividad es extorsionar a todo el que produzca o venda algo. Si una persona no paga lo que él y su grupo exigen, vienen las amenazas y los castigos, sin excluir su asesinato”, relató.
El purpurado reconoció que aquel diálogo no consiguió que el hombre abandonara sus actividades. Sin embargo, explicó que su decisión de buscarlo nació del deseo de proteger a la comunidad.
Diálogo pastoral, pero nunca complicidad
Para Arizmendi, la Iglesia no debe cerrar la puerta a la conversión de quienes participan en actividades criminales. Sin embargo, distinguió claramente entre el diálogo pastoral y una negociación que legitime su poder.
“Donde sea posible, hay que buscarlos para invitarlos a su conversión, siempre pensando en la tranquilidad, la justicia y la paz de nuestras comunidades. Nunca para hacer pactos”, subrayó.
El diálogo pastoral, dijo, puede ayudar en ciertos casos, aunque sus resultados sean limitados.
“En algunas partes ha ayudado un poco, pero no se puede decir que tengamos muchas esperanzas de que ellos hagan lo que les sugerimos”, admitió.
La Iglesia puede exhortar, escuchar y buscar la conversión, pero no puede sustituir a las autoridades civiles ni reconocer a los grupos criminales como interlocutores políticos.
“Al Estado le corresponde impedir que sigan haciendo daño, no hacer negociaciones con ellos, pues se haría su cómplice”, advirtió.
El legado del padre Marcelo Pérez
La violencia que atraviesa numerosas comunidades mexicanas tuvo para el Cardenal Arizmendi un rostro cercano: el del padre Marcelo Pérez, sacerdote indígena tsotsil y defensor de la paz, asesinado el 20 de octubre de 2024 después de celebrar Misa en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Durante más de dos décadas, el sacerdote acompañó a comunidades indígenas, defendió los derechos de los campesinos y participó en procesos de mediación y reconciliación. Associated Press informó que había encabezado movilizaciones contra la violencia y recibido amenazas debido a su labor pastoral.
“El padre Marcelo es un mártir por la paz y la reconciliación de grupos armados que han dañado mucho la estabilidad de las comunidades parroquiales”, afirmó Arizmendi, quien lo ordenó sacerdote.
El padre Marcelo dialogaba con grupos enfrentados y buscaba persuadirlos de respetar la vida y abandonar la violencia, aun consciente del peligro que implicaba acercarse a ellos.
“Él sabía que se exponía mucho al tratar a los grupos antagónicos. Trataba con ambos, siempre abogando por la paz social”, recordó el Cardenal.
Una semana después del asesinato, el Papa Francisco expresó públicamente su cercanía a la Iglesia mexicana y destacó la entrega del sacerdote:
“Me uno a la amada Iglesia de San Cristóbal de Las Casas, en el estado mexicano de Chiapas, que llora al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el domingo pasado. Un dedicado servidor del Evangelio y del pueblo fiel de Dios. Su sacrificio, como el de otros sacerdotes asesinados por fidelidad al ministerio, sea semilla de paz y de vida cristiana”, declaró después del Ángelus, según recogió Vatican News.
Aunque una persona permanece detenida por el crimen, Arizmendi advirtió que todavía existen interrogantes sobre la responsabilidad material y, especialmente, sobre quién ordenó el asesinato.
“Hay una persona detenida en la cárcel, pero falta saber si realmente fue el autor material y, sobre todo, quién fue el autor intelectual”, precisó.
Para el Cardenal, el legado del padre Marcelo no debe quedar reducido al recuerdo de su muerte, sino prolongarse en el compromiso de la Iglesia con las comunidades amenazadas.
“Por amor a nuestro pueblo, no podemos quedarnos solo en lamentos. Hay que hacer cuanto sea posible por la armonía social, pues esa es parte de nuestra responsabilidad pastoral”, sostuvo.
La responsabilidad irrenunciable del Estado
Ese acompañamiento pastoral, sin embargo, no puede sustituir la obligación de las autoridades. Arizmendi pidió al Gobierno mexicano ejercer plenamente sus facultades constitucionales para proteger a la población y recuperar los territorios sometidos por los grupos criminales.
“El Gobierno tiene la obligación constitucional de proteger al pueblo de los abusos de cualquier índole. Tiene en sus manos la aplicación de las leyes, que han sido hechas para el bien social”, afirmó.
A su juicio, el Estado cuenta con las instituciones, las fuerzas de seguridad y los instrumentos legales necesarios para enfrentar a organizaciones fuertemente armadas.
“Tiene no solamente la ley, sino las cárceles y las armas suficientes para enfrentarse a grupos armados. Con grupos armados no se puede dialogar más que con las mismas armas, porque no dejan otra cosa”, declaró.
El Cardenal reconoció que policías, soldados y servidores públicos también afrontan graves peligros, pero sostuvo que la dificultad de la tarea no elimina la responsabilidad del Estado.
“Es un trabajo muy peligroso, porque también los policías se exponen a riesgos de toda índole, pero es su obligación proteger al pueblo de los abusos”, insistió.
Al mismo tiempo, distinguió la acción de las autoridades de la misión pastoral de la Iglesia, que nunca debe cerrar la puerta a la conversión de quienes forman parte del crimen organizado.
“Siempre los exhortaremos a cambiar de vida, por el bien de ellos mismos, para que no anden siempre expuestos al peligro, para que no acaben en la cárcel y para que su alma se salve. Si son creyentes, que sean coherentes con su propia fe y se acerquen a los sacramentos. Dios puede hacer milagros de conversión”, concluyó.
“Primero está la vida”
Ante la situación concreta de una familia amenazada, Arizmendi llamó a actuar con prudencia y evitar cualquier decisión que pueda aumentar el peligro. Reconoció que, cuando las autoridades no ofrecen una protección efectiva, algunas víctimas se ven obligadas a cumplir temporalmente las exigencias de los grupos criminales mientras buscan ayuda o una salida segura.
“No se expongan”, pidió.
En los casos más graves, añadió, abandonar el hogar puede convertirse en la única alternativa para conservar la vida.
“Si hay que huir, hay que huir, porque primero está la vida que cualquier otra cosa”, concluyó.
Sus palabras condensan el drama de muchas familias mexicanas: denunciar puede provocar nuevas represalias; permanecer puede costarles la vida, pero marcharse significa dejar atrás la casa, el trabajo, la tierra y la comunidad a la que pertenecen.
Frente a esta realidad, la Iglesia procura escuchar, acompañar, interceder y mantener viva la esperanza. Sin embargo, como advierte el Cardenal, la protección de las víctimas y la recuperación de los territorios sometidos por el crimen son responsabilidades que el Estado no puede delegar ni abandonar.
Publicado en Press Crux
