Una relatora especial de Naciones Unidas encendió el debate internacional al pedir la abolición de la gestación subrogada, práctica que vincula con explotación, violencia y riesgos para los derechos de mujeres y niños.
Por Miriam Apolinar
La gestación subrogada debe ser considerada una forma de violencia, explotación y abuso contra las mujeres y las niñas, afirmó Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias.
En el informe A/80/158, presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la experta plantea la necesidad de avanzar hacia un marco abolicionista mundial para poner fin a la gestación subrogada, al considerar que esta práctica está vinculada con la mercantilización y comercialización de la capacidad reproductiva de las mujeres. El documento fue presentado el 14 de julio de 2025 y analiza específicamente las distintas manifestaciones de violencia contra mujeres y niñas en el contexto de la reproducción subrogada.
“La gestación subrogada reduce a las mujeres y a los niños, incluidas las niñas, a meras mercancías, despojándolos de su igualdad y dignidad y fomentando su explotación y abuso”, señaló Alsalem.
La Relatora sostiene que el fenómeno debe analizarse dentro de un contexto marcado por desigualdades económicas y de género, normas patriarcales y la globalización de los mercados reproductivos.
Mujeres vulnerables, en el centro del mercado reproductivo
Uno de los principales señalamientos del informe es que las mujeres que recurren a la gestación subrogada como medio para obtener ingresos pueden encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad económica y social.
Alsalem advierte que la práctica puede generar violencia física, psicológica y económica, además de afectar derechos como la salud, la privacidad, la vida familiar y la seguridad física.
El informe cuestiona que el consentimiento individual sea suficiente para resolver estas problemáticas cuando existen importantes desigualdades de poder entre las partes involucradas.
Desde esta perspectiva, la Relatora considera que la gestación subrogada no puede analizarse únicamente como un acuerdo privado entre adultos, pues detrás de estos contratos existe un mercado en el que participan agencias, intermediarios y otros actores.
El documento también examina la dimensión transfronteriza de la práctica, que puede dificultar la protección de las mujeres y los niños cuando intervienen diferentes legislaciones y jurisdicciones.
El niño no debe convertirse en objeto de un contrato
Otro de los ejes centrales del informe son los derechos de los niños nacidos mediante gestación subrogada.
La Relatora advierte sobre posibles consecuencias relacionadas con su salud física y mental, desarrollo, identidad, filiación y derecho a conocer sus orígenes.
Entre los riesgos señalados se encuentran las dificultades para establecer la identidad jurídica y familiar del niño, el riesgo de apatridia, la trata y el abandono.
El informe también llama la atención sobre la separación del niño de la mujer que lo gestó inmediatamente después del nacimiento y sobre las decisiones que pueden tomarse durante el embarazo en función de los acuerdos establecidos entre la madre gestante y los llamados padres comitentes.
Para Alsalem, el interés superior del niño debe ocupar un lugar central frente a cualquier acuerdo de gestación subrogada.
No sólo cuestiona la subrogación comercial
Un aspecto relevante del documento es que la Relatora no limita sus observaciones a los modelos abiertamente comerciales.
El análisis aborda la gestación subrogada como un fenómeno más amplio y cuestiona que la ausencia de un pago directo elimine necesariamente las desigualdades o los riesgos de explotación.
El informe plantea que las diferencias económicas, sociales y de poder entre las partes pueden mantenerse incluso cuando se presenta el acuerdo como altruista.
Por ello, la propuesta de Alsalem no consiste simplemente en establecer mayores controles para el mercado, sino en reducir y finalmente eliminar la demanda de gestación subrogada.
Propone un marco abolicionista mundial
Entre sus principales recomendaciones, la Relatora propone adoptar un marco abolicionista global que busque terminar con la demanda de gestación subrogada.
El informe plantea penalizar la contratación de niños mediante gestación subrogada y la actuación de intermediarios que faciliten estos acuerdos, al tiempo que pide despenalizar y proteger a las mujeres que han sido utilizadas como madres gestantes, considerándolas víctimas y garantizándoles asistencia integral, protección, acceso a la justicia y reparación.
También recomienda adoptar medidas para acabar con la dependencia económica de las mujeres respecto de esta práctica.
En materia de filiación, Alsalem recomienda reconocer a la madre biológica como madre legal y permitir cualquier transferencia posterior de derechos parentales únicamente mediante procedimientos judiciales de adopción que protejan el interés superior del niño.
Identidad, filiación y derechos del niño
El informe insiste en que los niños nacidos mediante gestación subrogada deben tener garantizados sus derechos independientemente de las circunstancias de su nacimiento.
Entre las recomendaciones se encuentran mejorar los mecanismos para proteger su identidad y filiación, garantizar el acceso a servicios y derechos en igualdad de condiciones y fortalecer la cooperación internacional.
La Relatora también pide mejorar la recopilación de datos sobre la gestación subrogada y desarrollar estrategias internacionales de prevención y protección.
Asimismo, recomienda realizar campañas de sensibilización y educación pública sobre los posibles daños y riesgos asociados con esta práctica.
Una recomendación de una experta independiente
Aunque el documento fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, es importante precisar que se trata del informe de Reem Alsalem en su calidad de Relatora Especial, una experta independiente de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Por ello, sus conclusiones y recomendaciones no constituyen por sí mismas una resolución ni una prohibición adoptada por la ONU en su conjunto. Los relatores especiales actúan de manera independiente y las opiniones expresadas en sus informes son responsabilidad de sus autores.
El informe A/80/158, de 23 páginas, fue presentado el 14 de julio de 2025 y puede consultarse en la Biblioteca Digital de las Naciones Unidas y en el documento oficial de la Asamblea General.
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