En el debate sobre los límites del poder legislativo, una cuestión vuelve al centro de la discusión: ¿puede una mayoría parlamentaria convertir en justa cualquier decisión? La reflexión sobre la ley natural plantea que la legalidad democrática también debe responder ante principios morales y derechos fundamentales que ninguna votación puede vulnerar.
Por P. Fernando Pascual
Afirmar que existe una norma moral superior a las normas emanadas por los parlamentos no significa ir contra la autonomía de esos parlamentos, ni contra la democracia. Significa, al contrario, reconocer que existen normas que iluminan y enjuician las decisiones de los seres humanos, aunque esas decisiones sean tomadas por una mayoría democrática.
Algunos consideran, sin embargo, que recordar lo anterior sería antidemocrático, o que iría en contra del respeto que merecen las leyes parlamentarias y, detrás de ellas, en contra de la voluntad de los votantes.
En realidad, toda decisión humana, minoritaria o mayoritaria, de un sistema político poco democrático o de un parlamento que tenga buenas garantías de representar al pueblo, no es automáticamente buena o mala. Su bondad o su maldad se miden por criterios básicos, que preceden a esa decisión, sea tomada por una sola persona, por un grupo de expertos o por una mayoría social.
León XIV recordó esta idea en su discurso a los miembros del parlamento español el 8 de junio de 2026, al explicar cómo el legislador debería preguntarse “cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar”.
Son ideas que la Iglesia ha defendido con fuerza a lo largo de los años, como muestran discursos y documentos, por ejemplo, de los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. En concreto este último Papa enumeró una serie de “principios no negociables”, que son los siguientes:
“protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural; reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente diferentes de unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su irreemplazable papel social; protección del derecho de los padres a educar a sus hijos” (Benedicto XVI, Discurso a los participantes en unas jornadas de estudio sobre Europa organizadas por el Partido Popular Europeo, 30 de marzo de 2006).
Hay una ley superior, llamada ley natural, que está por encima de las leyes humanas. Recordarlo será el mejor servicio que cualquier político, como cualquier sociedad, puede llevar a cabo para promover sistemas de convivencia en los que se respeten los derechos fundamentales de todos y se promueva, de la mejor manera posible, el bien común y la armonía social.
Imagen de Marja Mäkelä en Pixabay
