Por Felipe ARIZMENDI ESQYUVEL, Obispo de San Cristóbal de Las Casas |
Me preocupa hondamente lo declarado por el Secretario de Gobernación, en el sentido de que el diálogo que se inició con los maestros inconformes por la reforma educativa no da los resultados esperados, y que se implementarán medidas para desbloquear las carreteras. ¿Esto supone un desalojo con la fuerza pública? ¿No se dan cuenta de que un desalojo de esta naturaleza nunca será pacífico? Habría golpes, heridos y muertos, cosa que nadie deseamos.
Los obispos de Chiapas hemos insistido ante diversas instancias estatales y federales que se abra y se sostenga el camino del diálogo. Celebramos que se haya iniciado en la Secretaría de Gobernación y esperamos que se reanude, pues en dos reuniones no se puede llegar a los acuerdos que sean pertinentes para todos.
Hemos enviado cartas a los líderes parlamentarios de los diferentes partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados, para que designen una Comisión que escuche y analice las peticiones que hacen los maestros de Chiapas y de los otros Estados donde hay inconformidad con la reforma. No es cuestión de cambiar la Constitución, sino de analizar algunos puntos de leyes secundarias de la reforma que el Congreso federal aprobó, y con los cuales estos maestros están inconformes. Entre otros puntos, aclarar si es que esta reforma tiene la intencionalidad de privatizar la educación y que ya no sea gratuita; si es que algunos maestros se van a quedar sin trabajo; si se pudieran adecuar las evaluaciones a las realidades de estos lugares, con tantos rezagos históricos; si se les puede pagar de otra forma no electrónica, dada la dificultad para acceder a instancias bancarias.
Apoyamos, pues, la petición de los maestros inconformes para que haya un diálogo sincero y profundo, y seguiremos buscando los canales para que estos diálogos no se suspendan, ni haya desalojos violentos. Sin embargo, con la misma insistencia pedimos a los maestros que levanten los bloqueos carreteros que aún permanecen y permitan el libre tránsito de las personas. Estos bloqueos han complicado mucho la vida de la gente y están afectando gravemente a la comunidad. Los que están sufriendo por estos bloqueos no son sólo los gobernantes, los ricos y los empresarios; son los pobres, los campesinos que no pueden transportar sus productos agrícolas, la gente común y corriente que no puede acudir a una cita médica, o a una comparecencia en un juzgado. Hay muchos casos de estos, como el de un camionero que tuvo que empeñar su anillo de bodas, porque, a consecuencia de que no le permitieron en varios días pasar con su carga, ya no tenía dinero ni para comer. A mí me ha causado problemas el no poder abastecerme de gasolina, con lo cual mis servicios pastorales se afectan. He visto personalmente los desabastos de gasolina en varias partes.
Apoyamos, pues, al magisterio en sus luchas que sean justas, pero también el justo derecho de los pueblos a transitar libremente por las carreteras. Nosotros, el pueblo mayoritario, no somos culpables de esa reforma educativa, ni está en nuestras manos el que se abrogue o se modifique. Somos pueblo como los maestros, y deseamos vivir en paz. Hay personas y grupos que se quieren organizar para desalojar violentamente a los bloqueadores, y no deseamos caer en una como guerra civil, que a nada bueno nos llevaría. Seamos justos y sensatos, equitativos y no parciales. No se trata de comprobar quién tiene más fuerza y más gente para presionar, sino de dialogar y de construir juntos la paz social.
