Para santo Tomás de Aquino «la vida social entre muchos no se da si no hay al frente alguien que los oriente al bien común».

De hecho, el bien común es el ideario de la democracia; por tanto, es la razón para que exista el  Estado, que se supone habrá de satisfacer las necesidades y crear las condiciones suficientes para una vida digna que realmente alcance a todos, lo que también suele implicar favorecer más a los más débiles y necesitados.

Sin embargo, se suscita un gran problema cuando cada grupo social busca su propio bien común o hace una definición a su medida. Y ése siempre es el riesgo en sociedades pluralistas y democráticas.

Algunos, por ejemplo, considerarán bien común el establecimiento de un  régimen nacionalista, mientras otros lo verán en un régimen globalista. Unos insistirán en que el marxismo o izquierda es el auténtico camino al bien para todos, mientras unos más defenderán en este sentido al liberalismo, etc.

El concepto de bien común ha sufrido de parte de los políticos múltiples instrumentalizaciones en la historia. Pero cuando un partido político cualquiera quiere vender una idea injusta y la disfraza de bien común, los católicos tienen la obligación de acudir al Evangelio y a las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia para poder tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios y, por tanto, conforme al verdadero bien común.

En la tradicional concepción del bien común, Platón y santo Tomás de Aquino ven que debe haber coincidencia entre bien individual y bien de la comunidad. El puro bien personal es individualismo; el puro  bien de la comunidad,  pasando por encima del legítimo bien personal, se llama totalitarismo.

Santo Tomás añade que para lograr un auténtico bien común la sociedad debe guiarse por la ley natural, ésa misma que Dios inscribió en el interior de toda persona y que le permite distinguir entre el bien y el mal.

La misma ley natural delata, por ejemplo, que el aborto o la eutanasia, lejos de abonar al bien común, atentan contra éste.

Redacción

 

Publicado en la edición impresa de El Observador 13 de mayo de 2018 No. 1192

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