Buscan dar prioridad a menores víctimas de abuso, así como una verdadera formación y purificación en el comportamiento de los clérigos
Por Sergio Estrada
Serán cinco puntos de acción por parte de la Iglesia y la Conferencia del Episcopado Mexicano para la prevención y abolición del abuso a menores por parte de clérigos y agentes de pastoral, que van desde el diagnóstico, hasta la promoción al respeto de la Ley, confirmaron monseñor Rogelio Cabrera López y Alfonso Miranda Guardiola, presidente y Secretario General de la CEM.
Durante una conferencia con los representantes de los medios de comunicación, monseñor Cabrera, explicó las actividades con el Papa y las recomendaciones de éste en la reciente cumbre en Roma con los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, y dijo que la reunión giro en tres ejes: el primero, la responsabilidad preocupante de la Iglesia Universal en el tema de abusos a menores por parte de clérigos: diáconos, presbíteros y obispos.
«Como primer eje, la responsabilidad que tienen los obispos, la Iglesia local y la comunidad donde viven las víctimas como los victimarios, así como la importancia de la rendición de cuentas, primeramente a Dios. El abuso a menores es considerado un delito muy grave y pone en riesgo la salvación de aquel que lo comete. El máximo castigo para un clérigo es la dimisión del orden sacerdotal rindiendo cuentas a la sociedad», mencionó el arzobispo de Monterrey.
«Es evidente que cada iglesia diocesana tiene el deber de comunicar a los fieles la situación, así como en las redes sociales y medios de comunicación. El Papa dio 21 puntos de reflexión donde se estuvo de acuerdo, excepto, para México, el tema de la edad mínima para casarse que quedó después de los 18 años como mayoría de edad», destacó el presidente de la CEM.
Monseñor Cabrera subrayó que también se dieron los siguientes ejes: «la prioridad de los menores víctimas de abusos, en donde se lleve con seriedad e impecabilidad el procedimiento judicial de aquel que ha cometido un delito; debe haber una verdadera purificación en el comportamiento de los clérigos. El siguiente: la insistencia de la formación de los sacerdotes en los seminarios. La Conferencia Episcopal tiene la responsabilidad de reforzar y verificar que cada diócesis cumpla con las líneas-guía aprobadas por el pleno de los obispos en concordancia con la Santa Sede en el acompañamiento que merecen las víctimas de parte de la institución eclesiástica».
Puntos a seguir para la protección infantil
En el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, el secretario general de la CEM, monseñor Miranda Guardiola, recordó que, para enfrentar estos enormes desafíos, la Iglesia debe estar unida y aseguró que el plan de trabajo ya está aprobado por los consejos de presidencia, el permanente, la nunciatura y los abogados, y que es un plan a corto plazo para trabajar de manera específica en el tema de las líneas de acción para la protección a menores.
Explicó que serán cinco los objetivos concretos a seguir como resultado del encuentro en Roma convocado por el Papa: diagnóstico, prevención, justicia, apoyo a víctimas y promover el respeto a la ley.
«En el caso del diagnóstico, dimensionar y transparentar el problema del abuso sexual infantil por parte de clérigos y agentes de pastoral en México, con la recopilación exhaustiva de información especializada de estos temas, seguimiento e incorporación de los 7 puntos de la Organización Mundial de la Salud. Prevención: implementar políticas, protocolos y mecanismos institucionales para garantizar que no haya más abusos contra menores a través de la formación de sacerdotes apoyados por especialistas y apoyando la selección y formación de sacerdotes», resaltó, monseñor Miranda.
También se dio a conocer que se reforzarán y verificarán las líneas-guía de las conferencias episcopales, elevando esto a un grado normativo y no solo indicativo.
Se deben establecer comisiones diocesanas y provinciales de protección a menores, actualizar permanentemente las líneas-guía, protocolos, manuales, así como diseñar y establecer protocolos y textos de prevención, incluyendo las propuestas de ambientes, parroquias y catequesis segura; especificar y cumplir las normas que rigen el traslado de un seminarista o aspirante religioso de un seminario a otro, así como de un sacerdote religioso de una diócesis o congregación a otra.
Publicado en la edición impresa de El Observador del 17 de marzo de 2019 No.1236
