La reforma, firmada el 8 de agosto por el Papa, para el llamado Banco Vaticano, tiene el objetivo de paliar eventuales problemas de falta de vigilancia y de transparencia
Por Ary Waldir Ramos Díaz (Aleteia)
En medio del letargo del verano sofocante en Roma, a través de un quirógrafo, el Papa Francisco ha difundido los nuevos Estatutos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado por la prensa, banco del Vaticano, en vigencia el 11 de agosto y aprobados ad experimentum para los próximos 2 años.
La reforma anti corrupción, firmada el 8 de agosto por el Papa, tiene el objetivo de paliar eventuales problemas de vigilancia y de transparencia alrededor del IOR que fue instituido por Pío XII el 27 de junio de 1942 y que, hasta nuestros días, periódicamente, ha sido objeto de escándalos. Juan Pablo II en 1990 le dio el organigrama y las finalidades actuales.
El instituto, que se remonta a la Commissione ad pias causa constituida por León XIII en 1887, ahora contará, por voluntad del Papa Francisco, con un Auditor Externo que es nombrado por la Comisión de Cardenales a propuesta de la Junta de Superintendencia y desempeña sus funciones por un período de tres ejercicios económicos consecutivos, renovable una sola vez.
El Auditor Externo, según los nuevos estatutos, es responsable de la auditoría legal de las cuentas: expresa «su opinión sobre los estados financieros», «examina todos los libros y documentos contables», se lee en el punto 9 del quirógrafo.
Francisco, así, ha dado un paso más en la sistematización y en erigir un marco legal de los cambios que desde 2013 se han venido efectuando al interno de la institución. De esta manera, el IOR cuenta con 4 grandes estructuras para garantizar la transparencia y los mecanismo de control: La Comisión de Cardenales, el Consejo de Superintendencia, el Consejo de Administración y el Prelado, nombrado por cinco años por la Comisión de Cardenales y ahora confirmado una sola vez.
El nuevo Estatuto especifica en detalle la tarea de nuevo Prelado, que consiste en promover la «dimensión ética» de los administradores y empleados para que su trabajo sea coherente con los principios católicos y la misión del Instituto, manteniendo intercambios constantes con todo el personal del IOR.
En la reforma, también se exige al personal del Instituto «la obligación de exclusividad de empleo», es decir, «no podrán ejercer ninguna otra actividad administrativa y/o consultiva, ya sea remunerada o gratuita, ni realizar ninguna actividad comercial, ni participar de ninguna manera, ni dentro ni fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano».
El Instituto tiene una única sede en la Ciudad del Vaticano, no tiene filiales. Por tanto, no se considera un banco. La responsabilidad de la custodia de los bienes recibidos se rige no sólo por las normas del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Estatuto (reformado por Francisco) y el Reglamento de aplicación; sino también por las normas del Derecho Canónico.
El pasado mes de junio el IOR publicó el balance del año 2018, que registró un beneficio de 17.5 millones de euros (frente a los 31.9 millones de euros de 2017): una suma entregada al Papa. El resultado, informó Vatican News, aunque muy inferior al del año anterior -especificó un comunicado del Instituto- se logró «a pesar de las fuertes turbulencias de los mercados» y «de la persistencia de los tipos de interés todavía muy bajos».
Publicado en la edición impresa de El Observador del 18 de agosto de 2019 No.1258
