Hemos aceptado injusticias que dañan a la sociedad
Por P. Fernando Pascual
Un pueblo queda desarticulado cuando pierde el respeto hacia la vida de los inocentes, cuando no muestra interés hacia la violencia sobre los débiles, cuando permite que los gobernantes mientan descaradamente, cuando tolera injusticias laborales de todo tipo, cuando legaliza el aborto (eliminación) de los hijos antes de nacer.
Por eso no sorprende que, ante ciertas situaciones de mayor crisis, la gran mayoría se someta a las decisiones de los gobernantes, aunque sean desastrosas, aunque carezcan de sentido, aunque aplasten cualquier crítica constructiva con propagandas pagadas con dinero público, o con acciones represivas de la policía y de los juzgados.
Lo que parecía difícil de imaginar en las sociedades democráticas, la situación de la pandemia mundial de 2020 lo ha hecho realidad: la gente no sólo se sometió a medidas y restricciones que muchos dictadores del pasado nunca llegaron a imponer, sino que incluso defendían medidas restrictivas cuestionables como si fueran benéficas.
En realidad, conocemos si algo es benéfico cuando con seriedad analizamos los hechos y sus aspectos favorables y desfavorables.
Pero, ¿hay un auténtico conocimiento de lo que implica la difusión del coronavirus, de las medidas mejores para contenerlo, de las terapias más eficaces?
Muchos dirán que para eso están los especialistas. Pero los especialistas pueden (y tienen) opiniones diferentes. Y no podemos garantizar que los que han sido consultados (o presuntamente consultados) por las autoridades hayan ofrecido los mejores consejos. Ni tampoco estamos seguros de que los gobernantes están aplicando esos consejos u otros elaborados quién sabe cómo.
Si dejamos a un lado la complejidad de la crisis sanitaria del COVID-19 y analizamos otras crisis del mundo laboral, o de la banca, o de otros ámbitos, nos daremos cuenta de que las sociedades carecen de elementos de juicio y de instrumentos eficaces para exigir a los gobernantes una información lo más correcta posible y para pedir cuentas de su gestión en ese tipo de situaciones.
Al mismo tiempo, muchas personas ya están dañadas en su capacidad de juicio porque han aceptado presupuestos ideológicos equivocados, o situaciones de hecho claramente injustas, como ocurre en la aquiescencia generalizada ante el crimen del aborto. Con personas así estamos ante pueblos desarticulados, empobrecidos, incluso aborregados.
Solo cuando los pueblos, es decir, las personas que los componen, empiecen a abrir los ojos ante la verdad, serán capaces de denunciar injusticias legales que tanto daño hacen a toda la sociedad y que provocan un número elevado de víctimas inocentes, un número que nunca podrán reflejar todo el daño que se cometió contra ellas.
Publicado en la edición semanal digital de El Observador del 14 de junio de 2020. No. 1301
