Por P. Fernando Pascual

Un médico explica los posibles riesgos de una medicina o de una vacuna. Lo hace en redes sociales. De repente, sus intervenciones quedan censuradas, o cubiertas con un aviso (“peligro”, “posible fake news”).

A los pocos días, el gobierno del país donde vive ese médico suspende la venta de esa medicina o de esa vacuna, tras las noticias de reacciones (incluso de muertes) que el uso de tales productos ha provocado en algunas personas.

¿Por qué el médico que avisaba de un peligro fue censurado, y luego el gobierno que tomó una decisión parecida a lo dicho por el médico no tiene ningún problema para actuar como pensaba ese médico?

Las explicaciones sobre este extraño fenómeno pueden ser varias. Pero hay una que resulta sumamente grave: el hecho de que existan discriminaciones y abusos en los propietarios y gestores de las redes sociales.

Una red social existe para permitir la libre comunicación de las personas, en el respeto de unos principios básicos de convivencia. Pero no sería correcto que esa red social aplicase censuras discriminatorias sobre opiniones que merecen ser escuchadas en un sano debate de las ideas.

En un mundo auténticamente disponible a escuchar diferentes puntos de vista, sobre todo en temas que tocan la salud de las personas, no tiene sentido que se censure a particulares y se deje espacio libre a la difusión de las tesis de los gobernantes y, quizá, de algunos grupos de poder.

Cuando los gobiernos tienen “barra libre” en el mundo de la comunicación, mientras particulares, especialmente profesionistas y estudiosos, son censurados de modo sorprendente, significa que estamos cerca de una especie de alianza dictatorial entre el poder público y algunos gestores de Internet.

Frente a quienes difunden solo las tesis que interesan a los gobernantes, a ciertos grupos de poder, a grandes industriales, a farmacéuticas que buscan controlar la investigación, hay que saber defender la bandera de la libertad de investigación y del debate de las ideas.

El mundo avanza cuando lo que no está claro puede ser discutido públicamente, sobre todo con ayuda de quienes tienen mayor competencia en temas que siguen abiertos.

Lo anterior se aplica especialmente en lo que se refiere a temas sanitarios que requieren prudencia para no declarar como seguros a medicinas que todavía han de ser analizadas más a fondo respecto de las reacciones que puedan provocar en quienes las utilicen.