Por Jaime Septién
En resumidas cuentas, el Instituto Nacional Electoral cuesta 14,000 millones de pesos cada año. ¿Es mucho? Desde luego que no es una suma discreta. Pero es producto de malas mañas: prácticamente desde la Revolución hasta fines del siglo pasado las elecciones en México no fueron ni claras, ni limpias, ni confiables.
Para no irnos al tiempo en que se arreglaban a balazos, desde que se instauró el PRI en el poder hasta las elecciones de 1997, ya con el Instituto Federal Electoral marchando, la corrupción en esta materia (sobre todo la que se desprendía del hecho que el Gobierno fuera quien organizaba las elecciones y “contaba” los votos) fue patente. En el momento que el dedazo destapaba al “tapado”, todo el mundo sabía quién iba a ganar, ya fuera el Municipio, el Estado, las diputaciones, las senadurías o la presidencia de la República.
Los que llevamos muchos sexenios a cuestas, conocemos cualquier cantidad de acciones de la picaresca electoral mexicana, tales como la “operación tamal”; el “embarazo de urnas”, la operación “ratón loco”; la fauna de los mapaches y de los cazamapaches, las “caídas del sistema” o las “concertacesiones” con las que se daba un premio de consolación al ganador, a cambio del premio mayor al designado.
El INE ha costado mucho dinero. Pero la corrupción cuesta mucho más. Cuando se es juez y parte de un proceso electoral es inevitable jugar con los dados cargados a favor de quien los echa sobre la mesa. Es imposible que suceda lo contrario. Se trata del poder. Y del dinero. Las urnas son fachada. Los ciudadanos, convidados de piedra.
Hay que perfeccionar al INE, no borrarlo del mapa. El Plan A de la “reforma electoral” era descabezarlo. No pasó. Por todo lo que se ha dicho y visto, el Plan B quiere descuartizarlo. México perdería mucho terreno ganado si se vuelve al pasado. Nos hace recordar aquella frase que le cuelgan a Echeverría, en el sentido de que “estábamos muy cerca del abismo… y hemos dado un paso adelante”.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 5 de febrero de 2023 No. 1439
