Por P. Fernando Pascual
La pregunta sobre las relaciones entre el Estado y la ética ha ocupado y ocupa un lugar importante en las sociedades, sobre todo a partir de la Revolución francesa.
Para algunos, el Estado debería prescindir de cualquier visión ética (y religiosa) concreta, con el fin de garantizar el pluralismo y la convivencia entre personas que tengan modos diferentes de pensar y de vivir.
Pero incluso entre quienes defienden Estados sin éticas particulares, muchos consideran que el Estado debe promover algunos principios que serían fundamentales para la convivencia.
Lo podemos constatar, por poner un ejemplo, respecto del tema de la tolerancia. Muchos desean que haya un buen nivel de tolerancia entre las personas, y piensan que el Estado debería promoverla y garantizarla.
La tolerancia, sin embargo, implica aceptar algunos presupuestos que solo se pueden aplicar si el Estado hace suyos principios y contenidos claramente éticos.
En concreto, la tolerancia implica, por un lado, considerar como un valor el respeto a quienes piensan y viven de modos diferentes que los considerados como buenos (o mejores) por uno mismo.
Por otro, implica reconocer que hay comportamientos negativos que el Estado debe prohibir, precisamente aquellos que van contra la tolerancia.
El tema de la tolerancia muestra cómo resulta casi imposible sostener la tesis de que el Estado no puede aceptar ni promover principios éticos concretos, precisamente porque la tolerancia sería un principio ético que resultaría de importancia vital para una sana convivencia entre las personas.
Al mismo tiempo, la idea de sana convivencia surge desde otro principio ético: es bueno que entre las personas no existan actos de violencia, que dañan profundamente los derechos fundamentales de los individuos y de los grupos.
Se podrían añadir otros principios éticos que se aplican, o al menos que habría que aplicar, para la construcción de sociedades sanas y Estados bien organizados.
De este modo, se hace evidente que es insostenible la tesis según la cual un Estado no debería asumir como propias teorías éticas. Porque, como la experiencia muestra, todo Estado necesita, como condición de posibilidad de su misma existencia, aceptar y promover principios éticos; principios éticos que, esperamos, deben tener buenos fundamentos, lo únicos que pueden garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos.
