RECORDAR PARA NO REPETIR: A CIEN AÑOS DE LA CRISTIADA
Por P. Tomás de Híjar Ornelas
Que la nación mexicana lo haya sido así desde que nació, en 1521 y en consecuencia, el estado mexicano desde que se definió como Imperio bajo el régimen de monarquía constitucional al cabo de tres siglos exactos y como república federal a la vuelta de dos, nos obliga a reconocer qué pasó en un lapso relativamente corto para que eso sucediera en los términos que tuvieron lugar, pues a partir de 1824, la Iglesia y los católicos quedaron entre la espada de una Constitución ‘católica’ en su armadura, pero condicionándola a seguirlo siendo a cambio de gozar, convertidos en derechos, de los privilegios que la Santa Sede otorgó al trono español incluso antes de que la expedición exitosa de Hernán Cortés capitalizara como lo hizo la animadversión que los mexicas acumularon de sus tributarios hasta la ruina total de su hegemonía en la primera de estas fechas, que es la decisiva para el surgimiento de la Nueva España respecto al macizo continental americano por el viento este y del reino de la Nueva Galicia de 1531 en adelante para el lado opuesto, el del océano Pacífico.
El anticlericalismo mexicano
Al respecto al análisis del caso por parte del investigador Emilio Martínez Albeza, en su hasta hoy insuperable e imprescindible obra La constitución de 1857: catolicismo y liberalismo en México (2007), nos permite reconocer como el antecedente más rudo que alentó lo que venga luego en este ámbito, la predisposición a mantener el favor del derecho del que gozó la Iglesia en las décadas inmediatas y el los largos años posteriores al concilio de Trento en el trono ‘católico’ por antonomasia gracias a Felipe II, el de España, dejó de serlo con Carlos III, el que decidió expulsar de sus dominios a los religiosos de la Compañía de Jesús, decidiendo, de ese modo, la descatolización imparable que sobrevenga en ese marco (1767) con el extrañamiento de los jesuitas, es decir, de su expulsión violenta y proditoria, pues se sirvió no sólo del ascendiente moral del rey sobre los obispos en sus dominios, sino de la mordaza que para eso exigió a quienes sólo por llevar la mitra ya habían sido presentados al papa por un soberano regalista, y la Santa Sede, en la práctica, maniatada a los intereses del estado confesional.
En definitiva, si tomamos en cuenta el malestar que produjo entre la comunidad política por excelencia, el pueblo, y las clases dirigentes, atentas a mantener sus intereses por encima de los corporativos en sus tres o cuatro usos en Hispanoamérica, el del trono, el del altar, el de la explotación de los recursos naturales y el del comercio, no nos extrañe que las tres etapas sirvan al liberalismo político como pretexto para disolver, a lo largo del siglo XIX, en las naciones católicas lo que luego del Concilio de Trento les distinguió de las que eligieron ya no serlo, porque otorgaron al rey las facultades de ser él quien legitimara la confesión de su soberanía nombrando a quienes encabezarían al clero, y este, al servicio de la religión del estado, un método para avalar su potestad sobre los súbditos incluso con el derecho divino.
Entre la constitución de 1857 y el Plan de Nuevo Urecho
En México, la constitución de 1857 colocará al clero de una nación plenamente católica en su estructura, entre la espada de un gobierno sañudamente anticlerical y la pared del corto número de representantes suyos con una visión de largo aliento, que sin dejar de lado los intereses de la Santa Sede, tomaran providencias respecto a lo que ya rebasaba sus posibilidades reales de atención pastoral: la educación de la media a la superior y la salud pública, como dos herencias del antiguo régimen solventadas con el diez por ciento de las cosechas y del ganado en los herraderos.
La respuesta a este orden legal fue triple: la Guerra de los Tres años, el fallido Segundo Imperio Mexicano y el lanzamiento del Plan de Nuevo Urecho, acción política con argumento religioso, que se lanzó el 3 de marzo de 1875 en la población michoacana de ese nombre, suscrito por Abraham Castañeda y Antonio Reza, y con el que dio comienzo la Guerra de los Religioneros (1873-1876), de la que tendremos qué ocuparnos en otra colaboración.
El autor es especialista en temas religiosos, arte, historia y filosofía.
Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 7 de junio de 2026 No. 1613
