Este miércoles, Alberto Patishtán Gómez, profesor indígena chiapaneco, quedará libre por vía del indulto otorgado por el Presidente de México; luego de haber permanecido 13 años en la cárcel con una sentencia de 60 años que se le dictó en 2002, por un crimen que, a todas luces, no cometió.
Después de que en septiembre pasado se reiterara la sentencia por la que el indígena tzotzil se encuentra en la cárcel, el miércoles 29 de octubre se aprobó la reforma del Código Penal Federal que le otorga al Ejecutivo la atribución de conceder el indulto cuando existan indicios de violaciones graves a los derechos humanos en el proceso, abriendo la puerta a la posibilidad de que el profesor sea liberado.
Sin embargo, «la liberación no sustituye el reclamo de justicia y reparación al que el profesor tiene derecho», ha señalado Amnistía Internacional (AI), una de las organizaciones que asumió la defensa del profesor.
Los hechos
El presidente municipal de El Bosque, Chiapas, Manuel Gómez Ruiz, se beneficiaba personalmente de los recursos públicos por lo que la comunidad se organizó y emprendió un proceso de lucha social exigiendo la destitución del político.
En junio del 2000 se creó una gran tensión debido al rumor de que grupos civiles armados querían tomar la presidencia del municipio de El Bosque y/o del municipio de Simojovel; por tal razón la policía realizaba patrullajes en la zona.
El día 12 de junio gente armada emboscó en la carretera cerca de Las Limas una patrulla que llevaba 9 personas: 7 perdieron la vida y 2 resultaron lesionadas, un elemento de la policía y el hijo del presidente municipal de El Bosque, que conducía el vehículo.
La Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones. El policía sobreviviente antes de desmayarse refirió haber visto a un hombre vestido de civil y encapuchado. En tanto, el hijo del presidente municipal perdió el sentido por los disparos y fue en el hospital donde firmó un papel acusando al profesor Patishtán y a Salvador González.
El día de los hechos el profesor Alberto estuvo participando en una reunión oficial bajo oficio de circular girada por el supervisor de la zona 204, este oficio y el control de listas de asistencia, así como el testimonio de sus compañeros maestros en la reunión, demuestran lo imposible de la acusación y la injusticia de su posterior encarcelamiento. Acabada la reunión se trasladó a Simojovel por las fiestas de San Antonio, allá encentró a algunos conocidos que le contaron de lo sucedido en Las Limas.
El 19 de junio de 2000 siete días después de la emboscada, cuando iba a su trabajo, 4 hombres de civil bajaron de una camioneta y se lo llevaron sin decir nada ni mostrar orden de aprehensión. Y aquí empieza el calvario. Fue acusado de homicidio, lesiones, asalto, portación de armas de fuego, entre otros delitos. En realidad, el único delito de Alberto Patishtán fue exigir justicia y castigo a la corrupción.
El 18 de marzo de 2002 fue sentenciado a 60 años de prisión. Apeló la sentencia, pero ésta le fue ratificada en agosto de se mismo año. Promovió un amparo pero también le fue negado en 2003.
Trece años de movilización por la justicia
A lo largo de estos 13 años de injusta penitencia, los amigos, familiares y compañeros de lucha de Alberto Patishtán han realizado múltiples acciones de protesta no violenta para exigir su liberación. Dentro de estas actividades se encuentran las huelgas de hambre realizadas en el 2008 y 2010, así como numerosas marchas, peregrinaciones, y recientemente un documental llamado «Vivir o morir por la Verdad y la Justicia», entre otras.
Recibió el apoyo incondicional de Don Samuel Ruíz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de la misma diócesis chiapaneca.
A lo largo de los trece años que ha permanecido en la cárcel, diversos organismos de derechos humanos le han brindado apoyo y han realizado movilizaciones para liberarlo. Amnisitía Internacional (AI) lo declaró preso de conciencia e investigó a fondo su caso, con lo que concluyó que su proceso estuvo plagado de irregularidades, sin embargo, y ante las pruebas palmarias, la justicia mexicana se negó en varias ocasiones a reconocer su inocencia y a otorgarle la libertad.
El profesor tzotzil participó hace un año en la huelga de hambre más importante y prolongada que se recuerde, al menos en Chiapas. Ese movimiento, donde sus participantes se reclamaban inocentes, logró la excarcelación de casi medio centenar de presos políticos, en su gran mayoría indígenas, como el propio Patishtán, que es el único que permanece en prisión pues sus presuntos delitos corresponden al fuero federal.
La fe que sostiene una lucha
Durante los años que ha estado preso el profesor Patishtán ha sido coordinador de la Pastoral Profética católica en el penal de El Amate, además de ministro extraordinario de la eucaristía. Desde estas responsabilidades ha promovido la defensa de los derechos humanos, y ha tratado de apoyar a otros hermanos pobres dentro de la prisión ante las graves injusticias y violaciones que se cometen en su contra, asesorándolos en sus procesos jurídicos para que no sean engañados.
Recientemente el obispo de Saltillo, fray Raúl Vera López, calificó de increíble que mientras el sistema de justicia puso en libertad al narcotraficante Rafael Caro Quintero y a los paramilitares protagonistas de la matanza de Acteal, y dejó ir de México a la francesa Florence Cassez, condenada por secuestro, el profesor tzotzil Alberto Patishtán siga preso por un delito que no cometió. «El proceso de justicia está mal. Un maestro honesto, que ha sido verdaderamente un apóstol dentro de la cárcel, ahí sigue guardado. Es un problema estructural del sistema de justicia».
«El maestro Patishtán ha afrontado esta prolongada detención ante la incapacidad del sistema de procuración de justicia de realizar investigaciones prontas y efectivas, valorar las pruebas presentadas al caso y respetar los derechos humanos, una situación que afecta cotidianamente a las personas indígenas o de escasos recursos económicos y sociales en México que sufren discriminación y la negación del derecho a un juicio justo», afirmó AI.
