El Estado mexicano está incapacitado para brindar protección a la población a su cargo: no ha cumplido con sus promesas, y lo ocurrido en Ayotzinapa es prueba de ello, afirmaron los participantes de la mesa de análisis “Ayotzinapa: desaparición y asesinato de estudiantes normalistas rurales”, realizada por la Universidad Iberoamericana.
El doctor José Antonio Ibáñez y la maestra Sandra Salcedo, coordinador y académica del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, así como el maestro Erubiel Tirado, coordinador del Programa Académico de Seguridad Nacional de la Ibero, ofrecieron su perspectiva sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas, moderados por el ingeniero Pablo Reyna, coordinador del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Ibero.
La Universidad Iberoamericana emitió un pronunciamiento para exigir justicia ante los actos de violencia perpetrados en Iguala, Guerrero. La casa de estudios se solidarizó con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y con las familias de los jóvenes victimados y desaparecidos.
“No podemos seguir contando cadáveres. Las autoridades saben bien cuáles son los protocolos que deben realizarse”, señaló la maestra Sandra Salcedo. De acuerdo con la especialista en Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, así como grupos de ciudadanos, se han comprometido con lo ocurrido en Igual, pero, advirtió, esta labor corresponde a las autoridades.
Los representantes del Programa de Derechos Humanos de la Ibero recordaron que la descomposición de las instituciones estatales mexicanas existe en todos los niveles, pero se hizo más patente a nivel municipal: Ayotzinapa es el mejor ejemplo.
“Se asesina a estudiantes porque se puede”, recordó la maestra Salcedo, en referencia a la imposibilidad del Estado de proveer seguridad a sus ciudadanos. Lamentó que se pusiera en manos de la sociedad civil la procuración de justicia, considerada una obligación inherente a los gobiernos.
La lectura del pronunciamiento corrió a cargo del ingeniero Pablo Reyna, quien externó que en su opinión estamos presenciando y constatando de manera sistemática la criminalización de la protesta. Y lo que pasó en Iguala es un ejercicio de violencia contra los normalistas, quienes pudieran ser nuestros estudiantes o nuestros colegas.
Ayotzinapa no es un hecho aislado
Los especialistas reunidos coincidieron en que los hechos ocurridos en Ayotzinapa y en Tlatlaya no representan, de ninguna manera, casos aislados. Rememoraron la matanza en Aguas Blancas y el caso de Rosendo Radilla, detenido por militares en la década de los 70, como algunos de los múltiples ejemplos de violaciones a los derechos humanos en territorio mexicano a los cuales se debe dar seguimiento con urgencia.
Respecto del caso Ayotzinapa, el doctor Ibáñez explicó que, gracias a su experiencia dentro del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, “ya contábamos con los elementos suficientes para pensar que la descomposición social en Guerrero era muy importante. El presidente municipal de Iguala (José Luis Abarca Velázquez) ya había sido acusado de la muerte de Arturo Hernández. En esa zona es un líder muy importante”.
El Programa de Derechos Humanos de la Ibero acompañó el proyecto de revisión de la masacre de El Charco, Guerrero, en 1998, y ha realizado visitas regulares a la entidad, con el fin de establecer una red solidaria contra la impunidad.
“México está saturando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de casos de violaciones a los derechos humanos”, aseguró Ibáñez.
“Nuestro país está ubicado como especialmente peligroso para la denuncia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado”, manifestó la maestra Sandra Salcedo, y llamó a la realización de un proceso similar a la estrategia colombiana contra la corrupción en la década de los 90, en la que se hizo una depuración de las autoridades.
Incluso si los cadáveres de las fosas clandestinas que se encontraron hace pocos días en Iguala, Guerrero, no fueran de los estudiantes normalistas, es necesario conocer la identidad de los cadáveres, así como un proceso de investigación pertinente, sanción a los culpables, reparación de daños y el aseguramiento de que este tipo de cosas no se repitan, afirmó Salcedo.
Necesaria: una reforma a la estructura de seguridad
Por su parte, el maestro Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa Académico de Seguridad Nacional de la Ibero, comentó que la manifestación social por el caso de los normalistas de Ayotzinapa muestra un hartazgo hacia la política, porque vez tras vez las instituciones, dirigentes y políticos han fallado, y nosotros seguimos con nuestra impotencia de no saber qué hacer.
Además dijo que en un país donde hay tortura y desapariciones forzadas, donde existe una vinculación descompuesta entre el crimen y la violencia con la política, difícilmente podemos hablar de que en ese país hay un Estado de justicia y un Estado de derecho.
Esta situación implica que el Estado mexicano es incapaz de brindar la más mínima seguridad a su población, con un esquema de protección institucional para los ciudadanos que tiene fallas estructurales. Por lo que si no hay un cambio radical en la voluntad política, un castigo a los culpables, si no se sabe la verdad, y no se reformula en términos democráticos nuestra estructura de seguridad y defensa, vamos a seguir igual en México.
Agregó que llevamos más de 20 años de crisis del sistema, y hablar de una crisis de seguridad pública es una paradoja, porque hemos militarizado las estructuras de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
Esa situación y lo acontecido en Guerrero nos obliga en México a reformular una agenda de cambio en las relaciones civiles-militares; para que hubiese un control civil, democrático y eficaz sobre el sistema de seguridad y defensa, de efectividad operativa, y que trascienda este ámbito, con cuestiones de prevención.
