Por Antonio MAZA PEREDA │ Red de Comunicadores Católicos │
Desde hace bastante tiempo para los gobiernos emanados de la Revolución, la opinión extranjera y en particular la de los organismos internacionales, les ha importado infinitamente más que la opinión de la ciudadanía. La diplomacia de sus gobiernos ha enfocado mucho de sus esfuerzos a evitar la reprobación y las condenaciones por sus actos de gobierno. Hechos tan graves como los de 1968, los de 1970 y la guerra sucia de los setentas, Aguas Blancas o Acteal, no merecieron observaciones importantes de los organismos internacionales. Por lo cual no es exagerado decir que, muchos modos, esos organismos fueron cómplices de atrocidades muy claras.
En un momento dado, esos gobiernos decidieron establecer comisiones de derechos humanos, en distintos niveles de gobierno. Encabezadas por miembros de la clase política, la percepción de la ciudadanía es que una buena parte se trata de un espectáculo para el consumo de un público extranjero y, de una manera muy generalizada, que dichas comisiones les interesan más la protección de los derechos de los criminales que la atención de los derechos de las víctimas. Percepción que, a pesar de la mercadotecnia política, sigue estando bastante vigente: basta con ver la reacción que ha tenido la ciudadanía cuando los jueces han dejado en libertad a criminales basándose en aspectos de “debido proceso”. En este aspecto, la liberación de la ciudadana francesa señalada por secuestrados como miembro de las bandas, fue un mal inicio en este aspecto para el régimen actual.
La fuerza con que ha respondido la actual administración a los señalamientos de los organismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha sido inusitada. Se ha llegado hasta acusar al señor Álvarez Icaza de traición a la patria y de señalar a los organismos internacionales como superficiales en sus afirmaciones. Se dice, por ejemplo, que los hechos que se han señalado de Iguala y Tlatlaya son ciertos, pero de ninguna manera presentan una situación generalizada, es decir, se trata de hechos aislados. Es como si un marido golpeador dijera que no es verdaderamente violento, porque sólo golpea a su mujer cada tres o cuatro años. Eso sí, la manda al hospital cada vez. Pero, dice el, no puede decirse que es una situación generalizada sino que se trata de hechos aislados. Si estuviéramos hablando de ese marido violento, claramente diríamos que una sola situación en que se haya cometido un acto de violencia es suficiente para intervenir, proteger a la agredida, y poner los medios necesarios para que esta violencia no se repita. Pero al parecer nuestra clase política considera que el hecho de que estas situaciones gravísimas no ocurren cada día, es un argumento suficiente para decir que en México no hay problema de abuso de los derechos humanos.
Y el punto es que solamente estamos hablando de abusos denunciados y documentados que son llevados a cabo por las autoridades. Que no son los únicos que transgreden los derechos humanos. Autoridades escolares, familiares, empresarios, «famosos», y en general los que se sienten con algún nivel de poder y de privilegio, con bastante frecuencia tienen transgresiones mayores o menores de los derechos humanos de otros a los que consideran súbditos, subordinados o meramente inferiores. Un tema que no puede dejarse nada más a la clase política. Un tema para la ciudadanía, un tema que debería ser preocupación de todos.
La clase política nos ha demostrado con hechos que son expertos en el arte de evadir las culpas y que les preocupa más hacer declaraciones tronantes y sonoras, ampliamente difundidas en los medios, que entrar al trabajo más silencioso, menos lucidor pero mucho más efectivo de tomar acciones concretas y específicas para reducir no sólo los casos de alto impacto, sino atender los miles y posiblemente millones de pequeñas agresiones, de pequeños y grandes atentados contra los derechos humanos que ya no se reportan, debido a esa percepción de que las autoridades no van a tomar cartas en el asunto y de que las comisiones e instituciones que nominalmente tutelan nuestros derechos humanos siguen teniendo muy poco interés en defender los derechos humanos de las víctimas.
