«En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De éstos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto». (SÉNECA)
Por Tomás de Híjar Ornelas*
Que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, a cambio del título de Primera Dama acepte presidir el Consejo Honorario de la apenas creada Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, según se hizo público el 19 de noviembre del 2018, en una ceremonia que tuvo lugar en la sede del Archivo General de la Nación a la que asistió como invitado especial en el ámbito de la cultura el magnate Carlos Slim, mecenas insigne de procesos de rescate patrimonial, a decir del todavía presidente electo, es otra moneda lanzada al aire al inicio de esta nueva administración pública federal.
Empero, si la Iglesia católica en México toma en serio este rubro, tiene ante sí la oportunidad de valerse de la memoria histórica y cultural para exhibir, sin fines proselitistas o apologéticos, su participación en el marco de la presencia cristiana en el macizo continental americano desde hace 500 años, que se cumplirán en poco tiempo.
Sin embargo, acometer tal tarea desde las estructuras clericales, diócesis, parroquias, institutos de vida consagrada y asociaciones de fieles laicos es una tarea inabarcable en todo sentido, a menos que se apele a los seglares. Ellos, y no los clérigos, han tomado en serio una revisión crítica que la historiografía oficial manipuló a su antojo.
Si los obispos y el clero dejaron ir la ocasión de ser parte activa en el proceso cultural y educativo en México puede uno entenderlo desde lo que pasó hace un siglo, cuando tuvo lugar el último asalto del Estado-nación en México, la incautación absoluta del patrimonio eclesiástico, según lo dispuso la Constitución de 1917, que «nacionalizó» el único reducto respetado por las Leyes de Reforma juaristas: los templos y sus anexos.
Dichas leyes, modificadas en 1992 pero todavía con lagunas grandísimas en el campo patrimonial —y los archivos eclesiásticos son parte de ello—, mantienen viva la llaga abierta por el liberalismo mexicano para reventar las dos corporaciones que más atentaban contra su proyecto hegemónico: la cultura católica y los pueblos de indios.
¿Qué significa, con las adiciones y reformas antes dichas, desde el actual espíritu de la ley, que casi todo el patrimonio eclesiástico siga teniendo la categoría de «propiedad de la nación»?
Mientras leyes claras y transparentes no respondan tal pregunta y den por supuesto que el Estado es la nación, el conjunto de bienes muebles e inmuebles relacionados con la Iglesia en México durante medio milenio nunca será objeto de inventarios y catálogos, aunque por ello siga como hasta hoy siendo materia de tropelías, clericales casi todas, abscesos de un clima de opacidad y desconfianza no resuelto, heredado de la falta de personalidad jurídica con la que el Estado castigó entre nosotros a la Iglesia hasta hace un cuarto de siglo, y que en este rubro sigue sin destrabarse.
Alguna vez, en un coloquio organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su sede de Tlalpan, cuyo tema era la Iglesia católica y sus instituciones, propuse a la coordinadora, la doctora Consuelo Maquívar, entablar, vía Nunciatura apóstólica, Conferencia del Episcopado Mexicano y Secretaría de Gobernación, una mesa interdisciplinaria de trabajo para acometer tan titánica tarea.
Luego de escucharme con benevolencia y mostrar su interés, me dejó la sensación que ahora yo mismo tengo luego de oír a la doctora Gutiérrez Müller (católica práctica, hasta donde sé), al recibir su nueva encomienda: que sigue siendo muy difícil equilibrar el uso que desde la historia tienen dos extremos: el nacionalismo y el patriotismo.
*Sacerdote
TEMA DE LA SEMANA: DE CARA A LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS
Publicado en la edición impresa de El Observador del 2 de diciembre de 2018 No.1221
