Por Sergio Ibarra

El pasado 30 de enero en la rueda de prensa matutina, un periodista preguntó al presidente López: “¿Se acabó la guerra contra el narco?”. “No hay guerra” respondió “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”.

Al momento de escribir la presente, las Fuerzas Armadas no han recibido instrucción del Jefe Supremo, el Sr. López, para dar por terminada la guerra en contra de la delincuencia organizada, lo que implica o que fue una declaración para engañar a la nación o bien, otra ocurrencia. En cualquiera de los dos casos existen consecuencias indeseables.

Si se trata de un engaño, se esta jugando con algo demasiado serio que exige seriedad y no frasesitas como borrón y cuenta nueva, no se debe jugar con la Seguridad y la Defensa de la nación. Luego de doce años de guerra, la delincuencia organizada ha sido identificada, perseguida, atrapada y exhibida, se crearon capacidades militares y legales para su contención y combate, se han generado dinámicas de coordinación regionales con los países involucrados y a nivel nacional y le guste o no, hoy tenemos mejores fuerzas civiles, asunto omitido ante la ocurrencia de hacer una guardia militarizada de la nada.

Si se trata de un engaño, en intervenciones militares posteriores donde haya pérdidas humanas o asuntos de derechos humanos contra la delincuencia organizada, se juzgará a las fuerzas armadas, esta poniendo el escenario que liberara al Sr. López ante cualquier culpa que debiera asumir como Presidente de la República. No engaña a nadie, esta dejando solas a las fuerzas armadas.

Si se trata de otra ocurrencia y gira una orden oficial, el poder judicial desaparecerá. Otorgar perdón a delincuentes y huachicoleros, es oficializar la impunidad y la inexistencia del estado de derecho. Es una contradicción infame contra el circo provocado al desabastecer al país de combustible, con el pretexto de atrapar a los responsables, de los cuales no hay ninguno hasta el momento y para rematar, desatar huelgas y conflictos sindicales por subir el salario mínimo sin concensos democráticos y luego permitir y premiar el bloqueo de vías ferroviarias.

Deseamos el bien de la nación, pero no compartimos desconocer a las fuerzas del mal y menos compartimos una conducción del país donde la impertinencia de la ignorancia y de las ocurrencias campean.