Los obispos de México «conscientes de las graves consecuencias del abuso sexual infantil» en el país, aprobaron en noviembre de 2018 la creación de un Equipo Nacional para la Protección de Menores, coordinado por la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Se trata de un equipo multidisciplinario integrado por obispos, sacerdotes y laicos especializados e independientes, con amplia experiencia en materia de abusos sexuales a menores. Buscará prevenir, detectar, apoyar y atender casos de abuso sexual infantil en el ámbito eclesial, particularmente en el diocesano.

Por su parte, el presidente de la CEM y arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, informó a los medios que «al menos 152 religiosos han sido suspendidos en México en los últimos nueve años por supuestos abusos sexuales contra menores». Algunos están en la cárcel, otros ya pagaron su culpa y otros están en juicio.

Coincidiendo con la afirmación del Papa Francisco, que la Iglesia católica nunca más encubrirá o subestimará los abusos sexuales en contra de los menores de edad (tampoco los abusos de autoridad con seminaristas), el arzobispo mexicano ha dado, sin regateos, un paso adelante al difundir el número tan abultado de pederastas separados de su ministerio y juzgados por la ley civil.

Quizá a víctimas y defensores les parezca «un paso tardío». Hay que recordar que el presidente de la CEM apenas si tiene tres meses en el cargo y que ya el 22 de enero se reunió con algunas víctimas. También habló de crear una instancia para recopilar información sobre este enorme problema y poder actuar con mayor celeridad hacia la «tolerancia cero».

Que la Iglesia ha cometido errores, qué duda cabe. Pero es, en México y en el mundo, la única institución que los reconoce. Y los enmienda, pidiendo perdón.

El Observador de la Actualidad

Publicado en la edición impresa de El Observador del 17 de febrero de 2019 No.1232