Por Luis Antonio Hernández

A lo largo de las últimas dos décadas las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel protagónico en el desarrollo nacional.

El incremento sostenido en los indicadores de cobertura y atención alcanzados en nuestro país durante este mismo periodo en padecimientos como: el autismo, síndrome de Down, diabetes, esclerosis múltiple y hasta el terrible cáncer, no hubiera sido posible sin la participación generosa y decidida de las áreas de responsabilidad social de las empresas médicas y farmacéuticas establecidas en la república mexicana.

La evolución social y democrática que México ha experimentado en los últimos años, misma que se ha manifestado de manera contundente en realidades tangibles, como la alternancia política e incluso la reciente reconfiguración del sistema político mexicano, propiciada por los resultados del proceso electoral del año pasado, tampoco hubieran sido posibles sin la existencia de sólidas estructuras no gubernamentales que desde los diversos ámbitos de la academia y la sociedad civil promovieron el surgimiento y fortalecimiento de organismos autónomos, que aún a la fecha representan un efectivo contrapeso al poder presidencial.

Como respuesta a la emergencia producida por el terremoto de septiembre de 1985, diversos grupos de estudiantes de diferentes universidades, la mayoría de ellas de inspiración católica, se sumaron a las tareas de rescate, acopio y distribución de víveres y medicamentos para los miles de damnificados. A la postre estos jóvenes que se definieron a sí mismos como la generación del 85, se convirtieron en los promotores y responsables de las principales entidades filantrópicas de nuestro país.

Desde su aparición este sector no ha tenido otro objetivo más que sumarse de manera complementaria a las labores asistenciales del gobierno en materias como educación, alimentación, salud, entre otras, incentivando además la participación responsable y ordenada de la iniciativa privada en el cumplimiento de las obligaciones sociales del Estado.

A pesar de las enormes contribuciones que las organizaciones de la sociedad civil, así como los ejercicios de responsabilidad social y corporativa del sector privado, han reportado a la población, particularmente a los segmentos más vulnerables, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Senadores, presentó hace unos días una peligrosa iniciativa que busca definir a la filantropía, las organizaciones no gubernamentales y a la Iglesia, como actividades y sujetos susceptibles de lavado de dinero.

En nuestros días la actividad asistencial no puede volver a ser un monopolio del Estado, mucho menos puede ésta ser limitada al otorgamiento periódico de apoyos económicos que no transforman en nada las circunstancias socioeconómicas de los ciudadanos.

El bien común, la construcción de un país con más y mejores oportunidades de una sociedad con esperanza, es responsabilidad de todos, de organizaciones empresariales, académicas, religiosas y personas de buena voluntad que han dedicado los últimos años a profesionalizar, optimizar y transparentar esta noble labor, de quienes hacen del altruismo y del servicio al prójimo un apostolado.

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Publicado en la edición impresa de El Observador del 24 de febrero de 2019 No.1233