El Papa Francisco propone un principio general de máximo respeto al manejar dinero público

Por Ary Waldir Ramos Díaz / Aleteia en El Observador

El Papa Francisco propone el ejemplo del ‘buen padre de familia’ para que los administradores públicos no se dejen seducir por la corrupción. Así firmó una Carta Apostólica en forma de Motu Propio sobre una serie de leyes que buscan garantizar transparencia, control y competitividad en la adjudicación de contratos y licitaciones en la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano.

“La diligencia de un buen padre de familia es un principio general y de máximo respeto, en base al cual todos los administradores están obligados a respetar sus funciones. El derecho canónico lo exige explícitamente en relación con los bienes eclesiásticos (can. 1284 § 1 CIC), pero se aplica en general a cualquier otro administrador”, se lee en el texto firmado por el Papa y publicado este 1 de junio de 2020.

Con esta nueva normativa de “buenas prácticas”, el Vaticano se alinea con la Convención de la ONU contra la corrupción. También esta disciplina –explica el Papa– contempla aquellas diferencias necesarias entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Estado más pequeño del mundo tiene el objetivo de asegurar que todos los actores económicos con los que entra en contacto tengan “igualdad de trato y la posibilidad de no discriminación”, principio inspirado en la Convención de Mérida de la ONU contra la Corrupción (2003). A continuación dichas claves:

Nada de negocios con traficantes de armas

En las nuevas leyes aprobadas por el Papa existe una sección: Requisitos de honorabilidad. La Sede Apostólica vigilará la conducta de los “operadores económicos”, con los que se relaciona para evitar involucrarse con empresas y otros entes manchados con la actividad “de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción en masa”.

Nada de relaciones con paraísos fiscales

En las normas –queridas por el Papa– se invita a la transparencia para que no haya contratos adjudicados a sociedades en los paraísos fiscales, o se establezca una licitación con empresas que no respeten un código ético.

Serán excluidos aquellos que hayan pasado por una investigación o condenados por su “participación” en actividades ilícitas o con nexos con alguna “organización criminal”, condenados por “corrupción” o “fraude”.

Esto también se aplica a las empresas que utilizan el trabajo infantil, además de aquellos que faltan a las obligaciones relacionadas con el pago de impuestos o contribuciones en su país de origen, o los residentes en paraísos fiscales.

Mercados internacionales

La secretaría de la economía será la encargada de publicar los precios y tarifas cobradas. Las comisiones que serán implementadas por la secretaría de la economía examinarán la adjudicación de
los contratos.

98 artículos anti corrupción

La iniciativa consta de 98 artículos sobre nuevos estándares que vienen a reemplazar los anteriores y que tocan a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y la Gobernación de la Ciudad del Vaticano.

Éstos se extienden a todas las administraciones de la Santa Sede, incluidos los de la curia romana, que tenía un vacío legal en esta área.

Artículo original publicado en Aleteia.org

Publicado en la edición semanal digital de El Observador del 7 de junio de 2020. No. 1300