La Iglesia católica no está comprometida con ninguna alternativa política, sin embargo, considera a la participación democrática la mejor forma construir una sociedad justa.

La participación en la vida comunitaria es una de las mejores garantías de permanencia de la democracia en nuestro país; una democracia que es todavía muy joven y que necesita consolidarse.

 

El gobierno democrático obtiene su legitimidad por las urnas y se consolida no por sus propios intereses o los del partido político al que pertenecen el gobernante, sino por los intereses de la comunidad en su conjunto.

 

La democracia debe ser participativa: todos los ciudadanos, sin importar su filiación política o su nivel socioeconómico, deben ser informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones de la autoridad.

 

Esta es la idea fundamental sobre la que se basa la Doctrina Social de la Iglesia: un conocimiento iluminado por la fe cuyo único fin es caminar hacia una sociedad reconciliada en la justicia y el amor.