Cuestiones planteadas por un documento firmado por más de 1.500 líderes religiosos del Reino Unido contra el “pasaporte de vacunación”.
A medida que avanza la campaña de vacunación a nivel internacional, gobiernos, universidades, empresas de transporte o del espectáculo… tratan de encontrar medidas para superar definitivamente las restricciones impuestas por el virus COVID-19.
En este contexto, varios gobiernos están promoviendo la introducción de un pasaporte de inmunización que permitiría viajar a los ciudadanos o acceder a determinados servicios.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis ha amenazado a la compañía de cruceros Norwegian, la tercera más grande del mundo, con prohibirle la utilización de puertos de su Estado si impone las vacunas entre sus clientes y tripulación.
“Considerando que existe un número limitado de dosis de vacunas, la vacunación obligatoria de los viajeros llevaría a una falta de disponibilidad de vacunas para poblaciones prioritarias consideradas de alto riesgo”, afirma.
Algunas universidades en los Estados Unidos, incluidas católicas, han anunciado que los alumnos que quieran matricularse en el próximo año tendrán que mostrar el certificado de vacunación.
Protesta de líderes religiosos británicos
En este contexto, suscita interés la carta abierta dirigida al primer ministro británico Boris Johnson, firmada por 1.533 líderes y representantes religiosos del Reino Unido, de diferentes confesiones cristianas, incluidos algunos católicos, en la que se oponen al mal llamado “pasaporte de vacunación”, conocido también allí como “pase de la libertad” (“freedom pass”).
Según esta carta, “la introducción de pasaportes de vacunación constituiría una forma inmoral de coerción y de violación del principio del consentimiento debidamente informado”.
“La gente puede tener diferentes motivos para no poder o no querer recibir vacunas disponibles, incluyendo, en el caso de algunos cristianos, serias cuestiones de conciencia ligadas a la ética de la producción o los tests de las vacunas”, añaden.
“Tenemos el riesgo de crear dos niveles de sociedad: un apartheid médico, en el que una subclase de personas que rechazan las vacunas quedan excluidas de áreas significativas de la vida pública”.
“Este esquema podría acabar con la democracia liberal tal y como hoy la conocemos y crear un estado de control en el que el gobierno utiliza la tecnología para controlar aspectos de la vida de los ciudadanos”, afirman los líderes religiosos.
Debate en las universidades católicas
Del otro lado del océano, el debate ha llegado al mundo católico a través de la decisión de algunas universidades.
Importantes universidades católicas de los Estados Unidos, como el Boston College, la Universidad de Notre Dame o la Universidad Loyola de Chicago, se han unido a las universidades laicas del país a la hora de exigir un certificado de vacunación como condición para que los alumnos puedan matricularse el próximo otoño.
En estos momentos, 237 universidades del país han emitido esta disposición, según Chronicle of Higher Education.
El obispo de Springfield (Illinois), monseñor Thomas Paprocki, quien además es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, ha escrito una carta abierta, firmada junto a Gerard Bradley, profesor en esa misma Facultad, en la que pide al presidente de la Universidad, el sacerdote John Jenkins, encontrar soluciones para que se respete la libertad de conciencia de alumnos opuestos a las vacunas por razones morales o por precaución a los efectos colaterales.
Otras universidades católicas, como la Universidad Católica de América, con sede en Washington y dependiente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, han decidido no seguir ese paso para respetar la libertad de conciencia de sus alumnos.
Según un estudio de esa universidad, el 80-85% de sus alumnos terminarán voluntariamente el proceso de vacunación para inicios del año escolar, lo que permitirá acercarse a la “inmunidad de grupo”, superando así el problema.
El documento, por una parte, establece que la vacunación “no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, debe ser voluntaria”.
Por otra parte, el mismo documento establece que quien no quiera vacunarse debe someterse a otras medidas para evitar que la epidemia pueda expandirse.
“Desde un punto de vista ético, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común”, un deber que implica también a las autoridades sanitarias.
Esto significa, que “quienes, por razones de conciencia, rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, deben tomar las medidas, con otros medios profilácticos y con un comportamiento adecuado, para evitar que se conviertan en vehículos de transmisión del agente infeccioso”.
“En particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y que son los más vulnerables”.
Por este motivo, si las autoridades quieren respetar la objeción de conciencia o temores a efectos colaterales de las vacunas, no pueden tomar las vacunas como único criterio de acceso a ciertos servicios en estos momentos.
Buscando la fórmula ideal
Por estas razones, el certificado COVID del Reino Unido o el “green certificate”, como es conocido en Europa, no solo tiene en cuenta la vacuna, sino que considera además dos requisitos alternativos: que se haya realizado una prueba con resultado negativo, o que se ha recuperado de la COVID-19 en los últimos seis meses.
¿Son necesarios otros criterios alternativos? ¿Son suficientes para responder a la emergencia sanitaria y al mismo tiempo respetar la libertad de conciencia o los derechos de quienes tienen miedo a efectos colaterales?
La respuesta no solo es compromiso de las autoridades, sino también responsabilidad de los directos interesados.
Por Jesús Colina para el Consorcio Internacional de Medios Católicos sobre Vacunas contra la COVID-19
