El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfías Merlos, se refirió a la expansión de «las policías ciudadanas vinculadas a la Unión de Pueblos u Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)»que se ha venido dando en las últimas semanas en la región Centro del estado de Guerrero y señaló que es posible que «esta expresión ciudadana cunda en otras comunidades y regiones que padecen situaciones extremas de inseguridad»; por lo que advirtió es necesario atender, debido a las implicaciones políticas, sociales y jurídicas que tiene este hecho.
El obispo llamó la atención en el hecho de que ciudadanos armados se organizan para defenderse y protegerse cuando las instituciones públicas no lo han podido hacer de manera eficaz. Y señaló que «este hecho tiene mucha simpatía social en cuanto que abre expectativas reales de seguridad y de tranquilidad para las comunidades que han sido afectadas por la violencia».
Garfias Merlos enfatizó en su comunicado que «en el caso de estas policías ciudadanas se ha insistido que están fuera de la ley y que no cuentan con un marco jurídico que las ampare. Este hecho puede tener repercusiones negativas para los mismos policías ciudadanos, para la sociedad y para el Estado de derecho».
Así las cosas, el arzobispo de Acapulco abogó porque se encuentre «una fórmula que incluya a estas policías ciudadanas de manera legal, con una regulación que satisfaga no sólo la coherencia con las leyes constitucionales sino también, las necesidades de las comunidades a las que pertenecen».
«Hay que pensar en una policía firmemente vinculada a las comunidades y a sus autoridades y, a la vez, coordinada con el aparato de seguridad pública de los municipios, del estado y de la federación. Se necesita un marco legal que satisfaga las necesidades de los pueblos para evitar en el futuro la proliferación anárquica de grupos civiles armados y para que la policía ciudadana tenga plena seguridad jurídica», concluyó el prelado.
