El pasado 3 de noviembre, la Santa Sede publicó la decisión del papa Francisco para trasladar al obispo Rodrigo Aguilar Martínez, al momento titular de Tehuacán, como 47° obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una de las diócesis más históricas y representativas de la cultura indígena en el continente americano.
El nombramiento de Aguilar Martínez como nuevo titular en la diócesis de San Cristóbal de las Casas parece revelar el fin de la estrategia de normalización pastoral y de gobierno que la Santa Sede ha impulsado en esta región periférica y frecuentemente menospreciada, pero trepidante y llena de riqueza por sus grandes contrastes culturales, sociales y religiosos.
Con este cambio, se dan pasos muy claros hacia el fin del proceso de regulación en la diócesis chiapaneca tras la prolongada estancia del obispo Samuel Ruiz García, quien administró la región desde antes del Concilio Vaticano II y hasta el cambio del milenio, y también del largo servicio de 17 años que desempeñó el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, adaptando y adecuando a su manera las expectativas de Roma y de la Iglesia mexicana para trascender el estilo pastoral con perspectiva de teología de la liberación que se asentó allí y cuyos ecos aún resuenan en algunos espacios políticos y culturales del país.
No ha sido extraño que la Iglesia de San Cristóbal de las Casas y varios de sus liderazgos eclesiales hayan sido señalados y amonestados por su reciente pasado; ya que los conceptos de la teología de la liberación impulsados por el obispo Samuel Ruiz a quien los indígenas llamaban jtotik ‘nuestro padre’, dejaron un singular estilo e identidad pastoral en no pocas comunidades indígenas y mestizas del sureste mexicano. Al obispo Samuel se le acusó, por ejemplo, de fomentar el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 o de promover un exacerbado indigenismo que derivó en mayor sincretismo y pérdida de fieles católicos; por su parte, otros sacerdotes, religiosos y religiosas animados por ese carisma también recibieron apercibimientos por su participación activa en la defensa de comunidades ante abusos de la autoridad o frente a proyectos industriales que presumiblemente ponían en riesgo el equilibrio ambiental o la cultura originaria de los pueblos.
La diócesis chiapaneca de Jovel (nombre indígena de la sede catedral) ha sido motivo de grandes debates por la pronunciada pérdida de fieles católicos y el crecimiento de otras confesiones cristianas. Según los datos de Anuario Pontificio, en 1958 se calculaba que 97.4% de los habitantes eran católicos y hacia 2015 apenas alcanzan los 76.5%. La cultura indígena aún prevalente en una de las diócesis más pobladas de México (en 40 años pasó de 0.6 a 2.1 millones de habitantes) también favoreció el crecimiento más notable de diáconos casados, que son ministros autorizados para realizar algunos servicios religiosos como bendecir, bautizar, casar, dar la comunión, llevar el viático a los moribundos, presidir la celebración de la palabra o los funerales y ceremonias de sepultura; pero que no pueden celebrar misa por la consagración eucarística ni realizar la absolución de los pecados. Situación que, ante la preocupación de Roma por la falta de vocaciones sacerdotales, llevó a suspender durante 14 años la ordenación de diáconos casados en San Cristóbal de las Casas; suspensión que levantó el papa Francisco en 2014.
Ha sido el propio Bergoglio quien ha querido poner punto final a estas tensiones y controversias entre partidarios y detractores del estilo pastoral de Samuel Ruiz cuando decidió detenerse a orar ante el sepulcro del obispo en la catedral de San Cristóbal de las Casas durante su visita a Chiapas; pero también a través de los no pocos reconocimientos que ha realizado al trabajo de Felipe Arizmendi quien, con mesura y dedicación, no dejó de denunciar las dolorosas realidades de la región pero logró una mayor articulación de la diócesis con el resto del país y con la Conferencia del Episcopado Mexicano; así como una mayor autonomía respecto a las traducciones de textos bíblicos y rituales religiosos a las lenguas indígenas aún vivas en México.
En este contexto llega Rodrigo Aguilar Martínez, de 65 años, a suceder a Arizmendi Esquivel, luego de que el obispo coadjutor con derecho a sucesión en Jovel San Cristóbal, Enrique Díaz Díaz, fuese sorpresivamente trasladado a Irapuato, al corazón del bajío mexicano, donde los católicos representan el 98.9% de la población y los retos pastorales no tienen comparación con los del San Cristóbal.
Rodrigo Aguilar Martínez, originario de Valle de Santiago, Guanajuato, fue sacerdote de la Arquidiócesis de Morelia antes de ser nombrado primer obispo de Matehuala en 1997 y trasladado a Tehuacán en 2006. En su récord de servicio episcopal está toda una década de acompañamiento a la pastoral familiar y en las dimensiones que la Iglesia católica atiende en áreas de Vida, Familia, Adolescentes, Jóvenes y Laicos.
A pocos meses de su llegada a Tehuacán en 2006, Rodrigo Aguilar debió enfrentar las demandas en Estados Unidos que hiciera la Red de Sobrevivientes de Abusos cometidos por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) a diferentes instancias de la iglesia mexicana -incluida su diócesis de Tehuacán- por presunto encubrimiento del entonces sacerdote Nicolás Aguilar Rivera acusado por Joaquín Aguilar Méndez de abuso sexual cuando éste aún era menor de edad. Luego de que las autoridades eclesiales colaboraran con los casos y hasta participaran con declaraciones ante los fiscales -en actos voluntarios como refirieron los abogados de los obispos-, las denuncias fueron desechadas por las cortes que llevaran las denuncias.
El obispo Rodrigo Aguilar, con un horizonte de 10 años de servicio pastoral antes de que cumpla la edad canónica para presentar su renuncia, tiene los retos de mantener el acercamiento que los obispos precedentes sostuvieron con la sociedad chiapaneca a través de diferentes medios de comunicación impresos y radiofónicos; pero también en la restauración de algunos de los templos afectados por los recientes sismos de septiembre -incluida la Catedral diocesana- y en el diálogo franco con las diferentes expresiones religiosas que crecen en los territorios urbanos, rurales e indígenas.
San Cristóbal de las Casas tiene una población de algo más de dos millones de habitantes en 36 mil 821 kilómetros cuadrados, el 76.5% de ellos son católicos presentes en dos mil comunidades pequeñas y dispersas; con poco más de un centenar de sacerdotes y 430 diáconos permanentes, se atienden 57 parroquias donde más del 62% de los fieles son indígenas de cinco etnias diferentes.
