Por Sergio Ibarra

El pensador John Rawls (1921-2002) quizás el primero que replanteó las ideas de los griegos, definió el concepto de la justicia en el contexto del mundo moderno democrático como la primera virtud de las instituciones sociales y que ha de ser un sistema equitativo de cooperación social, con ciudadanos como personas libres e iguales y de una sociedad ordenada (Rawls, 1971).

Una virtud es un bien que se conquista, no se nace virtuoso. Toda institución democrática debe ser dirigida hacia su conquista en un sistema democrático. La república moderna se integra por tres poderes, precisamente para hacer posible la equidad a partir de la cooperación social, entendiendo con ello que no es posible aspirar a la justicia si los miembros de la sociedad no cooperan, respetando que cada quien haga uso de su libertad de manera ordenada. El orden social precisa de leyes; eso ha hecho que el mundo de hoy sea factible, que la ley pactada prevalezca sobre los individuos.

Las instituciones que imparten la justicia, las que integran el poder judicial, sin duda son asignaturas pendientes de nuestro país. Su funcionamiento pende en parte de los otros dos poderes y los otros dos poderes de ellas: existe una interdependencia en busca de ese equilibrio equitativo. Desabastecer de combustible zonas estratégicas del país, permitir el bloqueo del sistema ferroviario, que se impida impunemente la operación de la cámara de diputados o etiquetar a fifís y a chairos y otras cosas, eran ya una muestra de conductas inequitativas, muestras o de sinceridad o de cinismo del ejecutivo.

Pero reducir la justicia a un memorándum arbitrario y discrecional sobre la ley, significa que los tiempos de los romanos regresaron, el dedo del César era la «justicia». Si es así, ese memorándum elaborado por el presidente López Obrador y su posterior defensa pública es una declaratoria de guerra y de intolerancia hacia la sociedad y las instituciones; significa el inicio formal de una dictadura. No digamos que no hubo señales.

Publicado en la edición impresa de El Observador del 28 de abril de 2019 No.1242