Me acosté en la cama y pensé en lo fácil que era lastimar a una persona. No tenía que ser físico. Todo lo que tenías que hacer era dar una buena patada en algo que les importara. Jack Ketchum
Compongo esta columna retumbándome aun las palabras de una larga disertación del doctor Jean Meyer en el auditorio de la Universidad del Valle de Atemajac, en el municipio de Zapopan, Jalisco, este lunes 21 de enero del 2020, en el marco del panel «El movimiento cristero y las relaciones Estado-Iglesia en México: a 90 años de los arreglos de 1929».
Antes de sintetizarla, desde lo que capté como una reseña más que brillante del experimentado historiador, quiero subrayar algo que uno de los asistentes y peritos de la materia, el doctor Ulises Íñiguez Mendoza, me comentó al final de la misma: que si yo sabía si en otros países de lengua española o de otro idioma se usaba, como en México, el verbo «arreglar» como sinónimo de corrupción, es decir, de contubernio entre dos partes, la autoridad pública y un particular, para solucionar un conflicto de intereses al margen de la ley y a cambio de una bonificación en metálico.
Ratifico mi ignorancia acerca de este punto, pero no dudaría que así fuera y más, que el término de marras haya adquirido, a partir del 21 de junio de 1929, cuando tuvo lugar la entrevista entre el delegado apostólico en México, don Leopoldo Ruiz y Flores, y el obispo de Tabasco, don Pascual Díaz Barreto, que, presentándose como secretario de la Delegación, participó en la audiencia privada y de la que no quedó documento escrito, con el Presidente interino de México, Emilio Portes Gil, ni siquiera registros fotográficos, y sí las declaraciones a la prensa del primer magistrado y de los mitrados, así como las expresiones abiertas y veladas de repudio, tanto de la rama anticlerical furibunda del gobierno, la de la militancia masónica, abanderada por Adalberto Tejeda, a la que Portes Gil ofrecerá un discurso aterciopelando las secuelas, y la de los no tomados en cuenta en estas gestiones, los líderes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa.
Lo expuesto por el doctor Meyer en su trepidante intervención, actualiza una forma del proceder político mexicano que hasta la fecha sigue operando: la de la ilegalidad, tanto en el uso e interpretación del derecho positivo, como en el amago de la aplicación jurídica de las normas que han de abrir el bienestar público desde la macro institución que lo regula, el Estado.
En palabras de Meyer, los arreglos de 1929 se dieron en un marco tachonado de estulticias, donde el detonador fue la suspensión del culto público en México, es decir, el amago al que se subordinó a un pueblo abrumadoramente católico en ese momento, cuando los obispos decretaron –el ala dura del episcopado mexicano que apeló a ese recurso, y la solidaridad forzosa de todos los demás–, para decretar el insólito abandono de los templos por parte de quienes ya sólo eran custodios de los mismos, pues la Constitución de 1917 los había «nacionalizado», es decir, hecho propiedad federal.
Resaltó la dureza del Presidente Elías Calles, mazo que aplastó a sus virtuales enemigos, el clero católico, y la forma sinuosa con la que el poder tras el trono, Álvaro Obregón, capitalizó a favor de su causa tal circunstancia.
Lo que más me impactó de lo expuesto por Meyer fue el uso equívoco que se hizo del término «laico» en la mala traducción del telegrama de la Secretaría de Estado que avalaba los arreglos siempre y cuando se reconociera la amnistía para los católicos de la resistencia activa, el reconocimiento de la libertad religiosa y el uso de los templos y espacios de culto público.
¿No será que esa mala «traducción» sigue viva y, a pesar de los dolorosos hechos que en su tiempo costaron la vida a 250 000 mexicanos, seguimos, por acá, entrampados en la dificultad de distinguir entre laicidad y laicismo, que es como decir, inmaduros hasta el tuétano para asumir, desde la historia, de dónde venimos y quiénes somos?
Publicado en la edición impresa de El Observador del 26 de enero de 2020 No.1281
