Por Tomás de Híjar Ornelas, Pbro.

La frase de Pascal dice: “el hombre trasciende infinitamente al hombre”. Jean-Luc Nancy

Bajo el título de esta columna, don Julio López, misionero scalabriniano y Secretario de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana, ha publicado el 1º de septiembre del año en curso 2021, por cuenta de esa instancia, un comunicado directo,

enérgico y muy valiente en el que reclama acciones humanitarias inmediatas a la sociedad mexicana ante corruptelas intolerables hoy y siempre, que ahora se vuelcan sobre las indefensas vidas de miles de migrantes deseosos de cruzar el territorio mexicano para cruzar su frontera norte en pos de una calidad de vida que no tienen en sus países centroamericanos y aspiran alcanzar en esa parte del mundo, agudizada ahora por cientos de migrantes haitianos.

Luego de recorrer Tapachula, don Julio afirma: “hemos podido constatar que en verdad estamos ante una crisis migratoria de gran magnitud que pone en situaciones muy difíciles tanto a la población migrante como a la población local”; también, “que la Iglesia local de Tapachula, su Obispo y presbiterio, están profundamente comprometidos en la atención a la población migrante; su organización e intervención de emergencia son ejemplo de unidad, de compromiso evangélico y de caridad humanitaria”.

Pero, igualmente, que las circunstancias actuales exigen “una política migratoria justa y humana que proteja y defienda los derechos de las personas migrantes”, pues tienen ante sí 71 mil solicitudes (¡!) de asilo humanitario en lo que va del 2021 que permita “el traslado de personas solicitantes de refugio hacia el centro del país”, varadas en ese lugar porque “el Instituto Nacional de Migración les ha impedido el paso deteniéndolas y regresándolas de nuevo a la frontera”, toda vez que “las autoridades migratorias tiene orden de cerrar el paso a todo migrante”.

De todo ello deriva una situación caótica y sin precedente en términos humanitarios que tarde o temprano provocará una erupción de efectos incalculables para propios y extraños en Tapachula: manifestaciones violentas de protesta, caer en las garras del crimen organizado, de los traficantes de migrantes y de las “autoridades corruptas que trafican con migrantes y/o venden documentos migratorios” o de los que medran falsificando documentos por los “que cobran grandes sumas de dinero”, todo lo cual “sólo contribuye a beneficiar a los corruptos y a los traficantes de migrantes”.

El uso de la violencia por parte de las autoridades migratorias y de la Guardia Nacional en contra de los migrantes lacera en lo más vivo, dice el comunicado, derechos humanos de las personas migrantes, en particular “la garantía del derecho al libre tránsito”, y concluye: “esta situación no tiene solución más que una de tipo político, la cual depende del gobierno” y que no tiene salida alguna “mientras el gobierno esté aferrado a impedir el libre tránsito (art. 11 Constitucional) de cualquier migrante, pese a que haya obtenido el reconocimiento de refugio o se facilite alguna otra opción de regularización migratoria, pues la única opción que se tiene en el momento es la solicitud de refugio”.

Propone don Julio “la creación de un mecanismo de regularización temporal” a cargo del gobierno federal, sólo que este, hasta hoy, no ha modificado en lo más mínimo su estrategia de erigir una trinchera inexpugnable a quien no pueda o quiera negociar con los restos de su dignidad a cambio de alcanzar sus expectativas, arribar a los Estados Unidos.

¿Cuándo veremos acciones ordenadas y congruentes para no seguir lastimando más el peso social de los mexicanos en torno a esta situación día a día más impredecible e incontrolable? Empeñémonos en provocarla…

Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 12 de septiembre de 2021 No. 1366